MIRANDO AL OTRO LADO

Nadie vigila al Ejército

Los Guacamaya Leaks confirman, más allá de toda duda, que nadie vigila al Ejército nacional

OPINIÓN

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Ricardo Pascoe Pierce / Mirando al Otro Lado / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Los Guacamaya Leaks confirman, más allá de toda duda, que nadie vigila al Ejército nacional. Esa falta de vigilancia ni fiscalización representa una amenaza grave a la existencia del Estado democrático en México. En sociedades democráticas los órganos de seguridad e inteligencia son sujetos de escrutinio por parte de ciudadanos designados o por legisladores o por ambos mecanismos en conjunto. Este escrutinio ofrece la posibilidad de que la sociedad tenga instrumentos validados para asegurar el correcto funcionamiento y uso de la inteligencia para los propósitos del Estado en cuestión.

En México, la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2005 durante el gobierno del Presidente Vicente Fox, estableció un mecanismo de vigilancia del órgano de inteligencia estatal oficial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por parte de una comisión legislativa creada específicamente para ese propósito. Integrada por tres miembros del Senado y tres de la Cámara de Diputados, ésta comisión especial es obligada legalmente a la secrecía en sus deliberaciones, informes y acceso a documentos sensibles. Asimismo, se supone que recibe regularmente informes confidenciales del órgano de inteligencia para vigilar y asegurar que sus prácticas y conductas se realizan dentro del marco de la ley. El propósito de ésta vigilancia obviamente es asegurar que sus prácticas sean legales, dado que el antecedente al CNI, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), era una policía política y se usaba como instrumento de represión política contra opositores al gobierno en turno. 

Sin duda, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, y sus modificaciones posteriores, han servido para que la sociedad pueda sentirse acompañada por un servicio de inteligencia profesional. Pero no puede ocultarse más tiempo el gigantesco hoyo negro que tiene esa ley. Lo que ha quedado al descubierto, y lo que ningún funcionario público confirmaba, es que el  Ejército mexicano no tiene quien lo vigile y evalúe lo que hace con la inteligencia que recaba. Por lo tanto, el Ejército actúa en total impunidad, tanto en sus actividades constitucionales y marciales como en sus quehaceres de inteligencia y espionaje. Esto es lo que revelan los Guacamaya Leaks.  

Mientras el órgano “oficial” de inteligencia del Estado nacional existe desde hace no más de 25 años, el Ejército mexicano tiene una red de espionaje en el país desde por lo menos el sexenio de Lázaro Cárdenas, como institución capacitada para recabar información confidencial para el actuar del Ejército con o sin la anuencia del Ejecutivo federal. Cárdenas creó un departamento denominado Oficina de Información Política, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El primer Presidente civil, Miguel Alemán, tuvo que recibir informes diarios del Ejército sin poder contrastar esos datos con algunos propios de una fuente confiable.

Miguel Alemán decidió crear la Dirección Federal de Seguridad como un instrumento de lucha anticomunista en la Guerra Fría y, al mismo tiempo, como una defensa propia contra opositores internos en el partido oficial y algunos externos, agitadores y provocadores. Así resolvió su dependencia crónica de los informes del Ejército. La DFS desapareció en 1985 tras la debacle del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

En 1989 se creó el CISEN como reemplazó a la DFS y en 2018 se convirtió en el CNI. Y en todo este tiempo, con las fluctuaciones políticas de la sociedad, lo que permaneció estable fue la recabación de inteligencia y el espionaje sistemático ilegal del Ejército sobre individuos y organizaciones que considera peligrosos.

¿Con qué criterios y en función de qué parámetros legales es que el Ejército mexicano consideraba que debía vigilar, seguir o intervenir comunicaciones de ciertos ciudadanos y/o organizaciones?

Los Guacamaya Leaks revelaron que el Ejército espió, a través del sistema Pegasus, al defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos y otro periodista. El Ejército nacional no tiene la facultad legal de vigilar a los ciudadanos.

El Ejército tiene la capacidad de espiar, tomar decisiones sobre actividades que considera sospechosas y luego actuar contra actores indeseables, sin consultar con autoridades civiles y mucho menos dar cuenta pública de sus acciones. El fuero militar sirve para evitar miradas civiles sobre sus quehaceres. El círculo legal completo que protege al Ejército de cualquier escrutinio externo. Y ese manto de secrecía legal abre el boquete más grande de impunidad que existe en el arreglo institucional del Estado mexicano.

No existe parámetro alguno de vigilancia sobre el Ejército. Ésta falta o carencia, como se le quiera ver, tiene gravísimas consecuencias. Ningún organismo, instancia o cuerpo oficial vigila lo que hace el Ejército. Los Guacamaya Leaks son lo más cercano que hemos llegado a conocer este despropósito. Es una falla gravísima de nuestra democracia que se le permita al Ejército espiar a la sociedad con sistemas como el Pegasus que López Obrador ha jurado que ya no existen en México. Una de dos: o el Presidente ignora lo que hace el Ejército bajo su mando, o miente para usar al Ejército y permitirle hacer sus fechorías sin una vigilancia adecuada de la sociedad. 

El caso descrito por Guacamaya Leaks no habla de ladrones de huachicol, ni narcotraficantes, ni tratantes de personas. No. Habla de espiar a garantes de los derechos humanos. Es decir, el Ejército realiza espionaje político contra potenciales o reales opositores a la 4T, además de su espionaje a la criminalidad. De hecho, en 2022 hubo más de mil denuncias contra las Fuerzas Armadas por asesinato, secuestro, detenciones arbitrarias, tortura, trato degradante y violación. Como muestra está el caso de cinco asesinatos en Tamaulipas recientemente, grabados por ciudadanos de esa entidad.

Mientras una comisión bicameral revisa y supuestamente ejerce poderes de escrutinio y control sobre las actividades del CNI, el Ejército espía al margen de la ley e, incluso, en contra de ella. En este contexto, el Ejército promueve la destrucción de los valores de una sociedad democrática, por su papel potencialmente represor aplicando criterios sin acreditación ni supervisión pública y legal.

Es necesario que la Ley de Seguridad Nacional incluya una reglamentación definiendo los alcances del Ejército en las actividades de seguridad pública y su quehacer en el campo de la recolección de inteligencia, especialmente por su empleo reiterado de instrumentos ilegales como el Pegasus. No hacerlo llevará a México aún más cerca a convertirse en un Estado militarizado.

Ricardo Pascoe Pierce

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

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