La Declaración Universal de Derechos Humanos cumplió ayer sus primeros 75 años. No es una anciana, ni está jubilada. Si acaso, es cada vez más influyente. Es doloroso comprobar que en el mundo continúan ocurriendo graves violaciones de derechos humanos.
Qué fortuna contar con la Declaración, y todos los tratados internacionales a los que dio origen, para seguir luchando a favor de la dignidad humana.
La Declaración fue elaborada por una comisión internacional presidida por Eleanor Roosevelt, esposa del presidente estadounidense del mismo apellido.
En 30 artículos reconoció los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, inherentes e inalienables, de cualquier ser humano, sin ningún tipo de discriminación, e impuso a todos los estados la obligación de proteger los derechos de todas las personas que habiten en su territorio.
Entre esos derechos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; a la igualdad ante la ley; al amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales; a tener una familia; a la propiedad, individual y colectiva; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; a participar en el gobierno de su país; a participar en elecciones auténticas y periódicas; al trabajo y la seguridad social; a un nivel de vida adecuado que incluya alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica; a la educación y a la cultura. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
La Declaración se aprobó en diciembre de 1948, en plena guerra fría. En ese año, la ONU contaba con 56 miembros. Ningún país votó en contra de su aprobación (México incluido), aunque se abstuvieron la Unión Soviética y sus aliados de entonces en Europa del este (Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Ucrania y Bielorrusia), acompañados de Arabia Saudita y Sudáfrica, dominada en aquella época por el régimen del apartheid.
La Declaración reconoce que toda persona “tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” (art. 29), pero no menciona cuáles son esos deberes. Se centra en las obligaciones de los estados frente a sus poblaciones. Los autores no enlistaron los deberes cívicos de las personas porque consideraron que esas menciones podrían ser utilizadas por gobiernos autoritarios para restringir los derechos y libertades contenidos en la misma Declaración.
No les faltaba razón. Durante décadas, la URSS y otros países con sistemas autoritarios sostuvieron la tesis de que las violaciones a los derechos humanos eran situaciones inherentes a las contradicciones de las sociedades capitalistas, que ellos felizmente habían superado con la construcción del socialismo y la dictadura del proletariado.
Pero, 75 años después, es hora de que todas las personas recuerden que también tienen obligaciones con su comunidad, deberes que refuercen los derechos humanos.
Por otra parte, la Declaración parte de un supuesto hoy no existe en muchos países: el control efectivo de los estados de sus territorios. La realidad es que hoy, en al menos una cincuentena de naciones de todas las regiones, los estados nacionales no tienen un control efectivo de lo que sucede dentro de sus fronteras.
En extensas áreas de muchas naciones el estado no está presente. Ha sido sustituido por grupos armados que imponen sus designios a poblaciones enteras recurriendo a la violencia indiscriminada y crímenes horrendos. Muchos estados enfrentan a grupos armados que les disputan el poder. En otros casos, a través de la corrupción o la intimidación, las estructuras estatales, sobre todo a nivel municipal o estatal, son gradualmente capturados o absorbidos por organizaciones criminales, quienes los ponen a su servicio.
Por otra parte, actores y fuerzas internacionales, que no existían en 1948, han acumulado un enorme poder, y afectan negativamente los derechos humanos de millones de personas, como las plataformas de información que controlan el Internet sin darle cuenta a nadie de sus decisiones.
Esas empresas, algunas independientes y otras controladas por gobiernos nacionales, también controlan la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Esta preocupación ya ha sido reconocida por los gobiernos de algunos países, organizaciones internacionales como la UNESCO, la Unión Europea, y la CIDH, y en diversas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas propuestas por México. N2334081.pdf
Esas realidades no implican que hay que reescribir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero es indispensable que las organizaciones internacionales y regionales, y las organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos, pongan aún mayor atención a las violaciones de derechos humanos que diariamente cometen las organizaciones criminales, y los impactos negativos de las plataformas digitales. Ello, sin restarle responsabilidades a ningún estado.
También es indispensable alcanzar pronto una regulación internacional, en el marco de las Naciones Unidas, de la inteligencia artificial, y normas internacionales y nacionales para obligar a las plataformas que controlan el Internet y el desarrollo de la inteligencia artificial a proteger y defender los derechos humanos y la democracia.
*MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@miguelrcabanas
miguel.ruizcabanas@tec.mx
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