Para funcionar, las relaciones necesitan compromiso. Gran parte de su éxito, prolongación y final feliz depende de qué tanto se cumplen los acuerdos generados al comienzo.
Cuando una persona acepta ser ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) promete, entre otras cosas, velar por la justicia de forma independiente, imparcial, además de permanecer en el cargo por 15 años.
Se trata de un compromiso que era más permisivo antes de 1994: era común que los ministros salieran de la Corte para ocupar otros cargos. Para evitarlo, se realizaron reformas que dictan que sus renuncias solo pueden proceder “por causas graves” y, además, indican que cuando un ministro deja su puesto, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, no podrán ocupar los cargos de Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal y titular de poderes ejecutivos locales; entre otras cosas.
Desde la puesta en marcha de dichas reformas, han ocurrido dos dimisiones: en el 2019 y la semana pasada. En ninguno de estos casos se ha dado a conocer esa “causa grave”, un concepto jurídico, por demás, indeterminado; uno que deja la decisión final al Ejecutivo y Legislativo, pues para que la renuncia proceda, debe ser aceptada por el presidente de la República y aprobada por mayoría simple en el Senado.
Hoy, cuando hay una renuncia en la SCJN, se abre un espacio de 11. ¿Qué pasa entonces? El cargo completo pasa otra persona. Es decir, se realiza un proceso constitucional de selección como si el mandato se hubiera completado, por lo que se elige a una persona por un periodo de 15 años. Describo estos pasos a detalle en “Cambio en la justicia”. Se trata de una elección indirecta, una que – similar al proceso de renuncia –, el Ejecutivo propone y los legisladores aprueban.
Un tema principal es que la dimisión recién ocurrida se da después de 14 años de mandato, y casi año y medio antes que tocara su salida. El próximo año hay elecciones presidenciales, lo cual significa que esta renuncia faculta al presidente actual designar a un nuevo miembro de la Corte, sumando cinco cambios en su mandato. Esto se vuelve primordial porque, para que una norma se declare inconstitucional, se necesitan ocho de once votos.
La inamovilidad y la decisión escalonada de los ministros busca no solo defender la independencia judicial, sino también evitar influencias ideológicas en este poder. Por eso, si buscamos que la Corte siga controlando las acciones de los otros dos poderes, debemos preguntarnos si sería mejor que, luego de una dimisión, se elija un perfil que ocupe el cargo solamente por el tiempo sobrante.
Tristemente, cuando una relación termina, muchas veces la forma en que lo hace contamina el recuerdo de lo que existió. Más todavía cuando finaliza por traicionar un compromiso.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
PAL
