Cuando fui Senador de la República, tuve la oportunidad de participar en la construcción de la legislación secundaria del sistema de justicia acusatorio, con la convicción de dar forma a un sistema que garantizara el debido proceso para los acusados, pero también que salvaguardara los derechos de las víctimas.
A lo largo de estos últimos años, en la búsqueda de seguir construyendo un sistema de justicia sólida eficaz, en la Cámara de Diputados hemos incorporado como obligación de los funcionarios judiciales y en general de todo servidor público, la de actuar con perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones; ello, como parte del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres dentro de un sistema tradicionalmente machista que, a su vez, es reflejo de una sociedad en la que prevalecen el machismo, la misoginia y la violencia contra la mujer. Sin duda hay avances importantes en materia legislativa, pero lamentablemente tales avances aún no se ven reflejados en la realidad.
El caso de María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019, fue emblemático de los niveles de misoginia y menosprecio por la mujer que se viven en México y, por desgracia, nuevamente vuelve a ser emblemático, pero esta vez de un sistema jurisdiccional en el que los contubernios, las influencias y la negligencia pueden más que la justicia gracias a un puñado de servidores públicos corruptos.
La resolución del juez Teódulo Pacheco Pacheco, de conceder arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual de la grave agresión a María Elena Ríos, para que siguiera su proceso desde la comodidad de su hogar y no desde la celda en la que, conforme a derecho, ha estado recluido desde 2020, resultó inaudita, inconcebible y vergonzosa, independientemente de que sea revocada por otro tribunal.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el resguardo domiciliario puede proceder cuando el imputado sea mayor de 70 años o esté afectado por una enfermedad grave o terminal. Vera no cumple el primer requisito, así que el Poder Judicial de Oaxaca tendría, cuando menos, que informar a las y los oaxaqueños cuál es la enfermedad grave que supuestamente sufre y que sirvió de pretexto al juez Pacheco para resolver que el feminicida se fuera a su casa, máxime tratándose de un caso de tanta relevancia para el interés público.
El caso de María Elena Ríos nos demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar por completo la corrupción y las viejas y rancias estructuras burocráticas; lo digo no sólo por la indignante resolución del juez Pacheco, sino porque es inconcebible que a tres años y medio del atentado contra María Elena, el otro responsable del crimen, Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Vera Carrizales, no haya sido detenido. ¿Cómo es posible que ese sujeto siga gozando de su libertad y paseándose impunemente por donde le place? ¿Corrupción, negligencia, influencias o todas las anteriores?
Como sociedad, no debemos permitir que este caso quede impune. Los autores del crimen y los servidores públicos que han permitido la impunidad deben ser castigados.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
@BENJAMINROBLESM
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