Desde los tiempos de Donald Trump, no se sentía una tensión tan profunda del gobierno en turno con los Estados Unidos. Después de las solicitudes de inicio de consultas contra el estado mexicano por el incumplimiento al Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá, el presidente López Obrador no ha hecho más que abonar a la incertidumbre y jugar con fuego, argumentando la defensa de la soberanía.
El canciller Marcelo Ebrard ya ha dado una pista del terreno al que quieren llevar el mecanismo de solución de controversias contemplado en el T-MEC para reclamar modificaciones en las condiciones de competencia, diciendo que es mejor tener una consulta y después llegar a un acuerdo. Estados Unidos y Canadá, estipulan que el daño a sus empresas podría llegar a costar hasta 30 mil millones de dólares. No es cualquier cifra.
El principal diferendo con los socios del T-MEC, es que México está incumpliendo con la apertura energética a la que se comprometió cuando firmó el tratado. Las principales acusaciones son: la nueva Ley de la Industria Eléctrica que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad y deja fuera a otras empresas; a los productores de combustible se les impuso condiciones, menos a Pemex; además, solo las dos empresas del estado pueden importar y transportar gas natural.
En el centro de la discusión además del tema energético, se encuentran las obras del Tren Maya, declaradas como obras de seguridad nacional para esquivar la ola de amparos interpuestos por grupos ambientalistas que advierten la devastación al ecosistema de la región. El presidente acusó que detrás de los amparos se encontraba el mismísimo gobierno de Estados Unidos, quien, según él, estaría financiado a grupos ambientalistas ligados a Claudio X. González y al ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío. O según él, aquellos que siguen enojados con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
La afirmación de la intervención de Estados Unidos en asuntos internos no es nueva. En 2021 el gobierno mexicano envió una nota diplomática por el financiamiento a la organización mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional; en ese entonces se habló de facturas como evidencia. En esta ocasión ¿Qué pruebas tiene para asegurar que detrás de los amparos a sus obras hay intereses norteamericanos? ¿Por qué no se envía una nueva nota diplomática?
Lo que no ha dicho el Presidente, es que detrás de su ofensiva se encuentra el escándalo de que las condiciones preferentes a las empresas del Estado Mexicano están relacionadas con los sobrecostos que sus principales obras de infraestructura están presentando.
La construcción de sus tres grandes proyectos: la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, suman 57 por ciento más del presupuesto original; la suma de los proyectos insignia se ubicaban en los 400 mil 548 millones de pesos al inicio, pero la cifra hoy llega a los 630 mil 304 millones de pesos. Esto es algo que por supuesto no aclara.
Las diferencias con el gobierno norteamericano son un capital político que no está dispuesto a desperdiciar.
Es notorio que López Obrador está muy enojado por las consultas del T-MEC, sobre todo porque salieron después de su viaje a Washington. Y qué mejor que empezar a responsabilizar a otro actor externo de una obra que no ve claro que vaya a tener a tiempo: el polémico tren. Nacionalismo simplón.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ