El estandarte que enarbolaba el líder “moral” de Morena y quien encabeza el actual gobierno, fue acabar con la corrupción de quienes lo antecedieron. Se repitió hasta el cansancio que “no eran iguales”; lamentablemente, en la primera mitad de su mandato, quedó demostrado que sólo fue promesa y, efectivamente, no eran iguales: resultaron peores.
Un ejemplo se da los contratos con proveedores del gobierno. Se dijo que con esta nueva administración la adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas y/o empresas desaparecería o, en su caso, sólo se utilizaría de manera excepcional, debiendo ser la licitación pública, abierta y transparente el mecanismo de contratación ejemplar y generalizado.
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De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de los contratos celebrados por este gobierno en los primeros 9 meses de 2021 (disponibles en Compranet), las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación: hasta octubre del 2021, el 80.4% del total de contrataciones ha sido asignado directamente. La licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones, 5.9% ha sido por medio de invitaciones restringidas, 3,342 contratos han clasificado como «Otros» (sin aclarar el método de asignación) y representan 2.9% del total.
El texto del artículo 134 constitucional establece que en las contrataciones públicas se deben asegurar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y, para ello, los procedimientos de contratación realizados a través de licitación pública deben ser la regla general y no la excepción; como ocurre actualmente al utilizar de manera indiscriminada los procedimientos de adjudicación directa.
Para erradicar estos procesos discrecionales dentro de la administración pública federal, los diputados de Acción Nacional, presentamos una iniciativa que busca limitar el otorgamiento de contratos públicos bajo los procedimientos de adjudicación directa.
Para ello, proponemos precisar que los tres órdenes de gobierno estarán obligados a prever en sus legislaciones los procedimientos de contratación distintos a la licitación pública que así determinen en sus leyes locales, pero ajustándose en todo momento a que estos procedimientos serán aplicados de manera excepcional; así como a establecer un tope a la contratación vía adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, los cuales no deberán exceder del 20 por ciento del presupuesto total asignado en el ejercicio fiscal correspondiente. Se propone también limitar las atribuciones de la Sedena, Semar y la SSPC para hacer indistintamente adjudicaciones directas o por invitación (aduciendo frecuentemente de forma infundada temas de seguridad nacional) y con ello garantizar que la licitación pública sea la norma y no la excepción en ese ramo, eliminando la facultad discrecional del Oficial Mayor de las dependencias, para aumentar los montos fijados en el PEF para la procedencia de la adjudicación directa.
Lo anterior, lo hacemos convencidos de que requerimos que se transparenten todos los procesos y no se vean afectadas las finanzas públicas que, a la fecha, han tenido un impacto por más de $483 mil millones de pesos en la hacienda pública.
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Requerimos, además, que las empresas involucradas tengan la experiencia necesaria para lo que se contratan, porque ha sido practica frecuente y ampliamente documentada en esta administración, que se constituyen empresas “patito”, que a los pocos meses de creadas (e incluso días), se ven beneficiadas por adjudicaciones directas, sin cumplir los requisitos mínimos y en muchos casos a los pocos meses las obras realizadas muestran desperfectos que afectan a la hacienda pública y a la población.
Tus diputados desde la Cámara de diputados hemos de buscar los medios legislativos para parar las arbitrariedades de esta mal llamada 4 transformación.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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