Para las agencias de inteligencia civiles y militares no es una novedad monitorear como un riesgo la radicalización de los movimientos sociales progresistas y aquellos de corte conservadores vinculados con los empresarios del país. Me preocupa, aunque no me quita el sueño, que escucho cada vez más que la polarización sociopolítica debe ser considerada como un riesgo para la seguridad nacional del país.
No lo tengo tan claro, pero lo que sí percibo en conversaciones con colegas, es que aumenta la preocupación por la polarización social que se escucha lo mismo en el Palacio de Planalto en Brasil, se vociferaba en la Casa Blanca de Donald Trump y por supuesto se oía en Caracas desde hace 24 años.
Quien lea esta columna me podría tachar de inocente porque los antiobradoristas han jugado con la estrategia de comunicación política de la amenaza que significaba el actual presidente de México desde 2006. Sin embargo, en democracia es sana la comparación y tomar partido en tanto existan instituciones de Estado que sirvan de zona de contención o amortiguamiento entre los polos políticos. En este sentido, el INE por supuesto que ha sido una organización de Estado que ha permitido las transiciones pacíficas de poder presidencial y a nivel estatal. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores e inclusive el CISEN (hoy CNI) han demostrado ser eslabones profesionales con visión de Estado para evitar que la polarización social se convierta en un factor de inestabilidad para el país.
Por otro lado, el poder judicial y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación son instituciones clave en este principio de pesos y contrapesos para evitar que esta polarización se convierta en una amenaza. Me preocupa que veamos en el ámbito federal el control que observamos de las instancias judiciales estatales por parte de los gobernadores.
Con justificadísima razón los partidos de oposición buscan defender las instituciones que garantizan este equilibrio de poder y que impiden una presidencia absoluta. La defensa de la autonomía del INE no está en duda, se lo han ganado, pero es una realidad que es una burocracia muy pesada.
La lealtad de las Fuerzas Armadas al país tampoco está en duda, aunque son unos de los principales pilares de los proyectos de desarrollo impulsados por este gobierno. El reto para ellas, que lo tienen muy claro, es la separación de la función pública como secretaría de Estado que forma parte de un gabinete político y las misiones como fuerzas militares profesionales. Muestra de lo anterior, fue la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional que es el primer paso para la separación de las responsabilidades políticas-gabinete y las operativas militares.
Estoy tranquilo desde el área de la seguridad nacional porque veo instituciones de Estado leales al país, aunque apoyen por supuesto los objetivos nacionales coyunturales del gobierno en turno. No debemos olvidar el mandato en las urnas que se expresó en 2018 en favor del Presidente de la República.
AGENDA ESTRATÉGICA: Recomiendo la mesa redonda que organiza la Universidad de Arizona sobre los dilemas de Seguridad en México con especialistas de los dos países. Hoy a las 16:30 horas: https://bit.ly/3gXepyB
POR GERARDO RODRÍGUEZ
GERARDO_RSL@YAHOO.COM
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