Columna Invitada

Plan B: con v de venganza

Ante dicha situación, es importante señalar que el PAN no se quedará con los brazos cruzados

Plan B: con v de venganza
Jorge Romero Herrera / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México Foto: Especial

En los últimos meses, desde el gobierno, se ha pretendido realizar una inoportuna, innecesaria y regresiva reforma electoral; que lejos de continuar perfeccionando nuestra democracia, la pone en riesgo; pues busca asegurar el control estatal sobre las elecciones y dotar al partido en el poder de ventajas para no permitir la alternacia, debilitando a los actuales órganos o incluso desapareciéndolos.

De manera insistente el Ejecutivo trató por todos los medios posibles -incluso violando los procesos parlamentarios- realizar una reforma de gran calado en materia electoral. Primero lo intentó por la vía constitucional, la cual fue detenido por la mayoría que conformamos la oposición en la Cámara de Diputados; pero después, presentaron con gran sigilo y total desconocimiento -incluso de la bancada oficialista- dos planes “B”; el primero, que eran iniciativas por parte del Ejecutivo pero que fueron turnadas a comisiones y, el segundo, que presentó el grupo parlamentario de Morena, el cual era un espejo de las iniciativas presentadas por el presidente y al que se le dio trámite para su análisis y discusión, dispensando el proceso legislativo. 

Se inició así una discusión en Cámara de Origen sobre 5 leyes existentes y una nueva ley en creación, cuyo fin único es el debilitar a nuestra democracia que por más de 30 años se ha ido consolidando; algo que se ha ido construyendo con el esfuerzo y sacrificio de varias generaciones que han dado incluso su vida para alcanzarla y cuyos méritos han sido reconocidos a nivel internacional. 

El arreglo institucional conseguido, nos ha permitido de manera libre elegir a quién nos gobierne y represente. El sistema electoral ha permitido la alternancia en el poder, dando importantes triunfos y respaldado las victorias electorales de quienes ahora pretenden desaparecerlo. 

En primera instancia, en la Cámara de origen, al tratarse de leyes secundarias, el plan B pasó de noche, literalmente, y sin ningún cambio trascendental, sin siquiera haber sido leído por la mayoría de los diputados oficialistas y sus aliados que lo aprobaron. Fue en el Senado, después de más de 24 horas de deliberación y votación igualmente nocturna, en donde se realizaron 22 cambios a las 2 minutas presentadas.  Fue inútil el debate sostenido, en donde el principal señalamiento era que sus reformas eran inconstitucionales, innecesarias y contraproducentes.  

Uno de los temas que con mayor incidencia se señaló y que retomó el mismo Ejecutivo, fue el de la transferencia de votos a partidos en los procesos electorales, los que no obstante el no contar con el respaldo de la ciudadanía, podrían seguir manteniéndose con registro por un indebido “trasvase” de sufragios, generándose así la posibilidad de una “vida eterna” de dichos partidos satélites. Dicha exigencia de los aliados minoritarios de Morena fue retirada, ante la amenaza expresa de veto del propio titular del Ejecutivo. 

De los dos decretos que forman parte del ominoso Plan B, el de contenido electoral ha quedado pendiente de tramitación ante el senado de la República. 

El proyecto integro implica la reforma de seis leyes. Cuatro de ellas se han devuelto al senado para su discusión en febrero del 2023. El segundo decreto, que enmienda dos leyes, fue turnado directo al ejecutivo para los efectos de su promulgación y publicación. Ante dicha situación, es importante señalar que Acción Nacional no se quedará con los brazos cruzados y vamos a impugnar ante la Suprema Corte Justicia y ante las instancias domésticas e internacionales que sean necesarias para restaurar el imperio de la constitución.  Lo haremos con argumentos estrictamente constitucionales y con el objetivo de defender a nuestro sistema electoral.

A los derechos políticos de los mexicanos, al Instituto Electoral Nacional no sé les toca. Tampoco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los Organismos públicos locales y ni Tribunales locales electorales.

El plan B, no es una reforma electoral constitucional o moralmente sustentable. Fue producto de una sed de vengaza vulgar, así como para sabotear de antemano los procesos electorales subsecuentes, con el objetivo del partido oficial de lograr perpetuarse en el poder. ¡No lo vamos a permitir! 

POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE

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