Desde la toma de posesión del presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, cuando presentó sus primeros 100 compromisos se encontraba enlistado en el lugar 37 “Cancelar fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”. El acto se llevó a cabo de manera oficial -no sin antes dividir a la opinión pública durante el proceso- cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”.
Y así, sin mayor visión de mediano y largo plazo, se dieron por extintos 109 fideicomisos cuyo saldo en “disponibilidades” ascendía a $68,478 mdp al mes de junio de 2020 y del total de estos, solo 11 concentran el 83.1 % del monto (56,864.8 mdp), controlados totalmente por 4 dependencias (Economía, SHCP, Gobernación y Sener-Conacyt). Retomo esto porque dentro de los fideicomisos desaparecidos, aludiendo corrupción y despilfarro, se encontraba el Fondo Nacional de Desastres (la Secretaría de Hacienda oficializó su extinción el 28 de julio de 2021) y en un país como el nuestro, huracanes, ciclones o sismos son temas de cada año y sus afectaciones causadas regularmente arremeten contra las personas con mayor necesidad, objetivo del desaparecido Fonden.
En lo que va del 2021 hemos tenido desde la tormenta tropical “Andrés” hasta el huracán “Nora”, pasando por “Grace”, hasta llegar a un sismo de 7.1 grados con estruendos y luminiscencias incluidas (como el del 7 de septiembre de 2017). Lo que ya no tenemos las y los mexicanos es un fondo de contingencias para otorgar una rápida respuesta a las personas damnificadas por estos desastres naturales y, en su lugar, este presupuesto hoy lo maneja la Secretaría de Bienestar (realizó un censo a 101,983 viviendas, los apoyos que se entregarán serán para 64,513 mil familias y “se les dará 35 mil pesos en efectivo, con una inversión de 2,258 mdp [...]”) con todo y los ya conocidos berengenales burocráticos.
Hoy las familias afectadas en Poza Rica, Tecolutla, Nautla, Xalapa, en Veracruz; Tula y otros municipios en Hidalgo; Ecatepec en el Estado de México; Acapulco, Chilpancingo en Guerrero; Puerto Vallarta o Tomatlán en Jalisco o; en la Ciudad de México no han recibido de manera total los apoyos necesarios para hacer frente a estas adversidades. Sin embargo, el presidente sigue insistiendo que fue una buena decisión eliminar al Fonden y en la mañanera de ayer aseguró que “no hay corrupción en la entrega de apoyos a damnificados y se hace de manera directa, -sin intermediarios-, bajo el mando del ejército. No hay límite de presupuesto para la ayuda y no se presta a malos manejos como lo incitaba el Fonden”.
Ante esta situación ya existen voces en el Palacio de San Lázaro, incluso de Morena, que pugnan por la restitución del Fonden. Sabemos que no sucederá en el corto plazo y las personas afectadas tendrán que sortear los impactos de la naturaleza sin el apoyo oportuno del gobierno. En lo subsecuente se tendrá que poner al centro de la discusión a la ciudadanía, a todas aquellas regiones que en cada temporada de huracanes (y al parecer también de terremotos), sufren la pérdida de vidas, patrimonio y subsistencia y entender que las decisiones políticas tienen, en este caso, terribles consecuencias.
POR ADRIANA SARUR
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