Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha tomado múltiples acciones contra el cambio climático. Regresó a Estados Unidos al Acuerdo de París, integró a un gran número de activistas climáticos como miembros de su gabinete o como asesores cercanos y anunció, en vísperas de la Cumbre Climática que convocó el Día de la Tierra, una nueva meta para su país. A pesar de que estas acciones muestran el compromiso indudable de Biden con la lucha climática, son insuficientes para que EU restablezca su credibilidad frente a la comunidad internacional. Tan sólo habrá que recordar que George W. Bush retiró a EU del Protocolo de Kioto, y Donald Trump, del Acuerdo de París. Estos convenios multilaterales habían sido adoptados, respectivamente, por Bill Clinton y Barack Obama.
Solo una legislación climática aprobada por el Congreso ofrecería la certidumbre de más largo plazo necesaria para restaurar la credibilidad de EU en materia climática. El multimillonario plan de infraestructura de Biden, presentado hace algunas semanas, es vista por promotores y detractores como equivalente a una ley climática, ya que casi la mitad de los 2.6 billones de dólares del plan estarían destinados a iniciativas verdes, muchas de ellas orientadas a la transición energética. Están aquellas que buscan acelerar la electrificación del transporte, mediante incentivos a la producción o compra de vehículos eléctricos y la instalación de electrolineras en autopistas. Otras, diseñadas para modernizar la red eléctrica, aumentando su eficiencia y ampliando las líneas de transmisión de plantas solares y eólicas a grandes centros de consumo.
Quizá una de las más importantes sea el Estándar de Energía Limpia, que exige que, en el tiempo, un porcentaje cada vez mayor electricidad sea generado por fuentes limpias. Y es que para alcanzar su nueva meta de reducción de emisiones, EU necesita descontinuar toda la generación de electricidad por carbón e incluso entre 10 y 20% de la generada con gas natural. Debido a que ya 37 Estados cuentan con instrumentos similares, llamados Estándares de Portafolio de Renovables, es posible que este nuevo estándar quede incluido en alguna versión de la legislación del plan de infraestructura.
Finalmente, y de especial interés para México, es el enfoque de creación de empleos y justicia ambiental del plan climático de Biden. Este propone que muchas de las inversiones en energía renovable tengan lugar en Estados y zonas que serán afectadas por la transición energética, como productores de carbón, con lo que podrán competir con China en la manufactura de celdas solares y componentes de molinos eólicos. Exige que quienes soliciten apoyos gubernamentales para el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de emisiones de carbono en industrias o plantas de generación eléctrica cumplan con programas de generación de empleo y justicia ambiental. Este enfoque pudiera ser la base de una agenda de cooperación climática progresista entre EU y México.
POR ISABEL STUDER
DIRECTORA ALIANZA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA-MEXICO
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