Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, se ha vuelto una sombra de lo que fue.
Dice la conseja que en política nadie está muerto hasta que se muere, pero aquí todo apunta a que no es el caso.
Y es que no es para menos. El 13 de abril pasado protagonizó en Aguililla, Michoacán (una zona ”caliente” de la entidad; es decir, donde el crimen organizado ejerce el poder en la práctica sobre la atribución formal del Estado) una escena indebida: maltrató a un poblador a quien sin mediar agresión de la víctima, el gobernador no solamente lo insultó, sino atacó físicamente, custodiado, por si fuera poco, por el secretario de Seguridad Pública del estado, Israel Patrón Reyes, que al ver el caso in fraganti debió detener la agresión, pero la alentó.
El “independiente” fiscal del estado, Adrián López, por su parte festinó el ataque, ambos omitiendo sus labores de prestar auxilio a un ciudadano.
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Una suma de irregularidades y comisión de probables delitos.
Nacho Mendoza, un reconocido penalista originario de Michoacán presentó una demanda de amparo en favor del agredido (demanda de Amparo Indirecto de fecha 16 de abril del 2021 ante el juez de distrito en el Décimo Circuito en turno del Poder Judicial de la Federación) que no tiene desperdicio.
El mismo 13 de abril del año en curso, el gobernador, dijo en su cuenta oficial de Twitter, entre otras cosas que:
“En medio de esa situación (bloqueo de carreteras y “casi” guerra en Aguililla) nos encontramos una manifestación de halconeros (informantes del crimen organizado) que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Secretaría de Marina Armada de México y a un servidor, y yo decidí encarar a uno de los provocadores” (el gobernador poniendo a “buen recaudo a las fuerzas armadas” faltaba más).
Al responder al juez de distrito que conoció de la citada demanda y afirmar que no repetiría esa conducta punible dijo que —y esto es muy importante— “desconocía totalmente el nombre y actividad a que se dedica el ahora quejoso” (respuesta al Juzgado Segundo de Distrito de fecha 19 de abril del 2021).
Entonces: ¿El gobernador le mintió a la sociedad o lo hizo a la autoridad judicial? La primera violenta el derecho a saber de la sociedad, la segunda constituye un delito de falsedad de declaraciones.
Días después, se supo que el propio gobernador amenazó a la diputada Maricarmen Bernal Martínez (por el Partido de la Revolución Democrática) para que no votara a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas (Francisco Javier García Cabeza de Vaca) por su celular y antes lo había hecho por un propio como si se tratara de un mensaje con una gran similitud al modus operandi del crimen organizado.
En fin, con estos hechos se genera un ilegal y bochornoso precedente en Michoacán. La ausencia de una cultura de la denuncia ciudadana normaliza la violación al Estado de Derecho. Nacho Mendoza ha dado un paso al frente, ¿y todos los demás?
POR ERNESTO VILLANUEVA
COLABORADOR
@EVILLANUEVAMX
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