Es política, no derecho

A través de leyes fuimos abriendo nuestra arena política y, de paso, construimos un aparato inmenso

Es política, no derecho
Fernanda Caso / Ayer pensaba distinto / Opinión El Heraldo de México

Aunque los procesos electorales están regulados por leyes en todos los países democráticos, pocos tienen un derecho electoral tal robusto, complejo y detallado como el nuestro. Es más, en la mayoría de los países, lo electoral no llega a considerarse siquiera una rama del derecho en el sentido formal de la palabra. No hay tribunales especializados en la materia, no hay grandes despachos dedicados a su litigio, no existe el curso en las escuelas de leyes ni hay decenas de libros de doctrina en el tema. 

El desarrollo de esta disciplina en México está íntimamente vinculado con el tropezado camino de la democracia misma. A través de leyes fuimos abriendo nuestra arena política y, de paso, construimos un aparato inmenso. Ante los fraudes electorales, hicimos leyes que pretendían contemplar todos los supuestos imaginables, creamos organismos fiscalizadores y toda una estructura judicial especializada. Ante los abusos de los medios y los funcionarios, metimos en la Constitución los minutos exactos de radio y televisión que corresponden a cada partido y limitamos lo que se puede decir, quién, cuándo y dónde lo puede decir. 

El derecho electoral ha servido para poner ciertos límites a los excesos y para evitar el regreso al modelo del partido único. Sin embargo, la preponderancia del derecho en la vida política mexicana también ha traído males y, uno de ellos, es que ha servido a los partidos durante años como pretexto para evadir responsabilidades públicas que van más allá de las leyes. 

Esta semana fuimos espectadores de uno de los epítomes del absurdo de querer maquillar cualquier decisión política usando el derecho. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena publicó su resolución al caso de Félix Salgado Macedonio en el que analiza si el personaje había faltado o no a la normatividad del partido. Para determinarlo (y aquí empieza el absurdo) debía primero decidir si las acusaciones de violación eran fundadas o no. 

Después de analizar cada una de las pruebas en su poder y determinar por qué no pueden ser consideradas pruebas plenas, la sentencia menciona: “Es de señalar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene las facultades para juzgar en materia penal… y que la facultad investigativa corresponde al Ministerio Público y a las policías.” 

El texto es ridículo. Es obvio que la Comisión no puede juzgar en materia penal y eso lo sabían tanto ellos como cualquier persona del público desde antes de que el caso llegara sus manos. Es obvio que nadie pretendía que Morena hiciera el trabajo de la fiscalía y es obvio que todos quisiéramos ver que su caso hubiera sido ya resuelto por un juez.  Pero lo que también es obvio es que la decisión de nombrar y mantener a Salgado Macedonio como candidato no tiene nada que ver con el derecho. 

Su elección se hizo de manera cupular y se ha sostenido por respaldo de las cúpulas. Si Morena decide insistir en que él sea su abanderado incluso después de este segundo proceso, al menos tengan la decencia de dejar de echarle la culpa a las leyes.

Por FERNANDA CASO 
FERNANDACASO@HOTMAIL.COM
@FER_CASO


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