De última hora la Corte emitió una buena señal para la democracia y la separación de poderes al dar a conocer que la sesión de ayer, en la que se analizaría la validez o invalidez del decreto de López Obrador sobre darle el manejo de la Guardia Nacional a militares y marinos para tareas de seguridad, se pasó de la Primera Sala al Pleno para su discusión, en una fecha por definir, por lo que ya no serán sólo cinco, sino los 11 ministros quienes juzguen y resuelvan el asunto.
“Buena noticia que las y los ministros de Corte abordarán en el Pleno, y no en sala, la controversia constitucional que cuestiona el acuerdo del Ejecutivo bajo el cual las Fuerzas Armadas realizan tareas de seguridad. El tema es de tal relevancia que lo merece”, dijo ayer Laura Rojas, quien presentó la controversia en mayo de 2020 y quien la noche del martes me alertó sobre el trámite que pensaban dar los ministros.
Al conocer sobre el cambio de planes para que todos los ministros le entren al tema, Rojas explicó que la controversia no plantea que las Fuerzas Armadas no pueden o deben coadyuvar en la seguridad, sino si lo hacen de acuerdo con lo que establece la Constitución, principalmente en lo que se refiere a la fiscalización civil o a la temporalidad.
“El acuerdo presidencial, al desarrollar un régimen de actuación de las Fuerzas Armadas, de facto actúa como norma, cuando el único poder facultado para ello es el Legislativo por lo que probablemente se incurrió en invasión de facultades”, agregó. Eso es lo que deberá definir la Corte y dar certeza de las acciones que militares y marinos realizan en el marco de la seguridad.
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Los asuntos de las Fuerzas Armadas y la relación que establece con ellas el Presidente ha sido noticia de primeras planas en las últimas semanas, por el activismo que están cobrando los representantes de la Defensa y la Marina, ya sea como proveedores de servicio en los principales proyectos de la administración federal y las sospechas de corrupción que han dejado, así como por el llamado de los jefes del Ejército a apoyar a la 4T.
Mientras la Corte analiza su papel en tareas de seguridad, no es menor el proyecto de López Obrador enviado el 19 de noviembre, sin tanto alarde, al Senado y recibido sin aspaviento por los legisladores, pero debería estar en todas las mesas de expertos, pues el Presidente plantea reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para crear la figura de Comandante del Ejército.
¿Qué significa eso? Parece que se quiere construir una figura de supervisor del Ejército en las actividades de la función pública para miembros del gabinete. El proyecto merece una explicación más profunda, y los integrantes oficialistas de las comisiones deben dejar de cabildear y operar en secreto.
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UPPERCUT: Hoy será sometida a votación del Pleno la ratificación de Pablo Gómez como titular de la UIF, después de que el martes, con 28 votos a favor y 10 en contra, del PAN y MC, pasó la aduana de la Comisión de Hacienda.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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