La corrupción no se acaba con buenas intenciones, se requiere voluntad política, un marco jurídico robusto y acciones ejecutivas contundentes para prevenirla, detectarla y sancionarla, solo así será posible erradicarla. El combate a la corrupción ha sido la principal bandera del actual gobierno, el pilar de su narrativa y de su oferta política.
En México formalmente se cuenta con una instancia de coordinación interinstitucional creada en el 2015: el Sistema Nacional Anticorrupción, pero, a pesar de que es la principal herramienta para combatir este problema sistémico de nuestra sociedad, en los últimos tres años el SNA ha estado prácticamente en el olvido.
El sistema tiene una base constitucional y legal que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en su momento en el Congreso de la Unión, incluyendo a quienes hoy forman parte del gobierno. El sistema es el mecanismo responsable de regular las actuaciones del gobierno y los entes públicos, fortalecer la transparencia y garantizar la rendición de cuentas.
La premisa de la narrativa oficial de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, es decir, que acabando con la corrupción en los más altos niveles, automáticamente se desaparecería en lo demás espacios, esto ha sido una falacia, pues nada de eso ha ocurrido. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2019 el costo de la corrupción en trámites se incrementó en un 64%, generando efectos negativos para la estabilidad del país y de la ciudadanía.
En la comparecencia del Secretario de la Función Pública en la Cámara de Diputados esta semana, el listado de los casos de corrupción de funcionarios de primer nivel del actual gobierno que han quedado en la impunidad fue largo, lo que significa que nadie está barriendo arriba.
El gobierno utiliza la corrupción como el pretexto para desaparecer fideicomisos, eliminar reglas de operación de programas y fondos, e incluso para atacar a sus adversarios políticos, pero no para corregir o sancionar los actos corruptos de sus propios integrantes, los cuales por el contrario, minimiza. Quienes encabezan la llamada cuarta transformación deben tener claro que al fallar en la promesa de erradicar la corrupción, pierden toda su razón de ser y el motivo por el que los ciudadanos los eligieron.
La impunidad de arriba y el olvido del SNA mantienen al país sumido en la corrupción más grotesca, que provoca: prevalencia de la desigualdad, freno al crecimiento económico y debilitamiento del Estado de Derecho.
La corrupción afecta a todas y todos, por eso se requiere combatirla de forma efectiva. El marco jurídico se tiene, el mecanismo de coordinación interinstitucional también, falta la voluntad política de emprender acciones contundentes, incluso en contra de los propios, para que verdaderamente avancemos en la solución de este grave problema de la nación.
Falta también el desarrollo de medidas que provoquen un cambio cultural, para revertir la alta proclividad hacia la corrupción que está instalada en nuestra sociedad; y sí, evitar la impunidad en los hechos de corrupción de los de arriba, sería un referente contundente, un ejemplo claro de que sí hay consecuencias.
La corrupción es enemiga del Estado, se opone al desarrollo, obstruye la gobernanza y corrompe a la patria, por eso, gobierno y ciudadanía debemos combatirla de forma contundente.
POR MARCO ANTONIO MENDOZA BUSTAMANTE
DIPUTADO FEDERAL Y VICECOORDINADOR PARLAMENTARIO DEL PRI
PAL
