Durante años, décadas en realidad, el lenguaje político incorporó términos como transición democrática, pluralismo político y reforma del Estado, como sinónimos de desarrollo y modernidad; sin embargo, poco abonaron a mejorar la vida diaria de la mayoría de los mexicanos. Los cambios a nuestros ordenamientos jurídicos que hubieran debido resolver los conflictos y las tensiones que se manifiestan a propósito de la corrupción, la inseguridad, la falta de oportunidades y la lacerante e inaudita desigualdad social, no hicieron más que ampliarlos o, en el mejor de los casos, dejarlos sin resolver.
Todas ellas han sido asignaturas pendientes de nuestra sociedad, y sobre todo, una asignatura pendiente del propio Derecho y sus operadores, en particular, de nuestra clase política. Sin lugar a dudas, esto generó una disociación entre los partidos políticos y sus electores, entre los órganos de representación popular y la ciudadanía, y más preocupante aún, entre el Estado y el pueblo.
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En ese contexto de rabia y resentimiento hacia un sistema de dominación política, económica y social absolutamente agotado, se llevaron a cabo las elecciones de 2018, que por muchas razones fueron históricas; la principal a mi juicio: la esperanza de una mayoría aplastante que se manifestó por un cambio de régimen que reivindicara al México sumergido, que acabara con la corrupción de las élites políticas y propiciara el bienestar de los olvidados y oprimidos.
Con ese ánimo de regeneración, quienes vivimos en la capital del país elegimos por primera vez alcaldes y concejales en nuestras demarcaciones territoriales. Esta nueva forma de representación política es fruto de nuestra también joven Constitución local, que, al menos en el papel, transformó los órganos de gobierno más cercanos a la gente para que, desde ahí, se concretaran los cambios desde abajo, de la mano con la ciudadanía.
El nuevo esquema de organización de poder en nuestra Ciudad de México propuso el establecimiento de contrapesos, tanto a su interior, en la integración de las alcaldías, como hacia el exterior, en su colaboración con los tres niveles de gobierno para la implementación de políticas de seguridad publica y desarrollo urbano, programas de mejoramiento de servicios públicos, acciones de movilidad y esquemas de inversión para infraestructura.
Imprimir pluralismo a su composición y requerir cooperación en su funcionamiento, trajo consigo efectos positivos como el control del poder, la rendición de cuentas y la transparencia, que contrasta con la discrecionalidad, arbitrariedad y oscurantismo que anteriormente caracterizó la toma de decisiones de los jefes delegacionales.
Pero aún nos falta mucho camino por recorrer para que nuestras alcaldías sean los puntos centrales de atención de las demandas ciudadanas, en donde se conozcan y resuelvan las necesidades más sentidas de sus habitantes desde una perspectiva de justicia social.
Es momento de que la justicia sea igual para todas y para todos. Eso, es lo justo.
Jorge Sánchez Cordero Grossmann
Abogado y politólogo
@SanchezCorderoJ