Cada diez años, los mexicanos somos partícipes del levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda, proyecto que implica uno de los ejercicios más relevantes del Estado Mexicano, tanto por su trascendencia para la planeación, implementación y evaluación de políticas públicas como por la magnitud y complejidad del entramado institucional que supone llevarlo a buen puerto. En esta ocasión, los retos derivados de la emergencia sanitaria no impidieron su realización, y gracias a ese esfuerzo colectivo, hace unos días el INEGI tuvo a bien publicar los resultados respectivos.
En México, el primer censo de población se pudo realizar, con las limitaciones propias de la época, hasta 1832. Sin embargo, no fue posible volver a realizarlo sino hasta 1895, cuando empieza la cuenta oficial de los censos de población de nuestro país.
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Hoy, con más de un siglo de camino recorrido, podemos presumir que nuestro país cuenta con un sistema de información estadística y geográfica consolidado, que permite honrar los compromisos internacionales en materia de recopilación y generación de información consistente y oportuna, gracias a la confección institucional de un organismo autónomo integrado por servidores públicos talentosos y comprometidos. En tal contexto, vale la pena hacer un alto en medio de la turbulencia de la coyuntura actual para reflexionar en torno a los principales indicadores que se desprenden de este ejercicio.
Los resultados son reveladores: hoy somos más de 126 millones de mexicanos, pero a diferencia de censos anteriores, la edad mediana aumentó de 26 a 29 años y la población de 30 a 59 años y de 60 y más fueron los únicos grupos que crecieron en términos relativos, pasando de concentrar 34.8 por ciento a 37.8 por ciento y del 9.1 por ciento a 12.0 por ciento respectivamente de la población. Esta tendencia de evolución demográfica no puede pasar desapercibida, ya que habrá de traducirse, inexorablemente, en acciones específicas de largo plazo en diversos ámbitos de política pública.
Al margen de lo anterior, el censo nos arroja resultados positivos en la calidad de vida de los mexicanos: la tasa de analfabetismo disminuyó de 6.9 por ciento a 4.7 por ciento y el grado promedio de escolaridad aumentó de 8.6 a 9.7 años; la población afiliada a servicios de salud pasó de 64.6 por ciento a 73.5 por ciento; la población con agua entubada dentro de sus viviendas aumentó de 69.5 por ciento a 77.6 por ciento; y las viviendas conectadas a una red pública de drenaje pasaron de 72.1 por ciento a 78.1 por ciento.
En el contexto de lo expuesto, y de cara al proceso electoral, se nos presenta la oportunidad de establecer espacios adicionales de reflexión para replantear y articular una agenda pública que posibilite la consolidación y profundización de los avances observados, pero sobre todo, que priorice la definición de acciones de gobierno que permitan atender los indicadores que siguen reflejando rezago y marginación, sobre la base de información útil, veraz y oportuna producto del trabajo y dedicación de miles de mexicanos.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL