La rendición de cuentas y la transparencia son dos pilares fundamentales para combatir la corrupción, y corresponde a la ciudadanía el ejercicio de este derecho con ayuda activa de las instituciones.
Para garantizar el acceso a todo tipo de información pública, es conocido lo mucho que se ha popularizado la figura del órgano autónomo, que no ha sido ajeno al múltiple reparto de las cuotas partidistas, algo que tienen incidencia real en el ejercicio de poder.
Esto es un problema real, porque la transparencia se queda a medias si no existe participación real de quienes reciben la información. Me gustaría desarrollar una metáfora: imaginemos una ventana transparente, en la que puedes ver a la perfección una agresión que está ocurriendo atrás de ella, pero en la que no puedes intervenir porque un cristal blindado te lo impide.
Algo similar ha ocurrido con los órganos autónomos, maniatados por el reparto en la negociación política. La transparencia, sin participación, nos limita únicamente a la indignación, algo insuficiente para cumplir el objetivo fundamental de la política, que es integrar a las mayorías sociales que tradicionalmente quedaron excluidas en la toma de decisiones.
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Estas oficinas estatales y nacional de transparencia, que sin duda supusieron un avance importante, no han ejercido plenamente la autonomía constitucional, pues son parte del engranaje burocrático que abona al golpeteo político.
El derecho a la información es sagrado, y es base fundamental de la construcción democrática de nuestro país, pero es evidente que han formado parte de las negociaciones y de los acuerdos de élites con los que se perpetuó el viejo régimen en el poder, renunciando a su eficiencia, a parte de su independencia y a la cercanía con las mayorías sociales.
La autonomía es un pilar fundamental de algunas instituciones mexicanas, como las universidades públicas, permitiéndoles ejercer el pleno y legitimo derecho de la comunidad universitaria de dotarse con sus propios planes de estudios, a constituir sus propias autoridades y a blindarse de las injerencias externas, aunque aún falte mucho que avanzar en el camino de su democratización.
Sin embargo, esta misma autonomía, ha intentado ser utilizada por parte de algunas dirigencias universitarias para evitar auditorías y desviar recursos para campañas electorales, algo que tiene su máximo exponente en la Estafa Maestra, o en el cacicazgo de Gerardo Sosa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quién fue aprehendido por la FGR tras evidenciar la malversación de fondos públicos y educativos desde el patronato para la compra de candidaturas, trama que habría llegado incluso a exdirigentes de Morena como Alfonso Ramírez Cuellar.
Es evidente que México necesita avanzar en la transparencia, en la rendición de cuenta y en la participación de la ciudadanía, sin embargo, no puede volver a caer en las malas prácticas de aquellos que se ampararon en una malversada autonomía para seguir resistiendo mediante la corrupción.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA