Hace un par de semanas entrevisté al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez. En el marco de las entrevistas para el programa de televisión RUTA2021, le pregunté si había presiones del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Hábilmente respondió que sí, aunque depende de qué tanto se deje presionar.
Las resoluciones emitidas el lunes pasado por el Tribunal Electoral sobre la paridad de género en las 15 candidaturas a gobernador que estarán en juego y la revocación de las medidas cautelares del INE para que López Obrador se abstenga de opinar sobre el proceso electoral, provocaron muchas muecas y cejas levantadas.
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Es decir, comienza con el pie izquierdo la actuación del TEPJF, que tiene la última palabra sobre disputas electorales, en el que pinta para ser el proceso más complicado de las últimas dos décadas.
En medio de todo esto están las dudas sobre la probidad -fundadas o no- del Magistrado Presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdez. La Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo más temido de la 4T, lo está investigando por inconsistencias entre sus ingresos y su patrimonio.
Incluso, el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le urgió a aclarar lo antes posible, y de una vez por todas, esos señalamientos.
Sumemos a eso el constante bombardeo de López Obrador a los árbitros electorales: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos ataques son parte de la estrategia política y electoral del presidente, quien es un maestro en la materia.
Los pasados 27, 29 y 30 de noviembre criticó la posible alianza del PRI y el PAN (primera violación). Invitó a los mexicanos a reflexionar su voto -lo cual no tiene nada de malo-, pero volvió a infringir la ley cuando pidió apoyo para mantener el proyecto de su gobierno.
El Presidente de la República transgredió los principios de imparcialidad y equidad en la contienda que ordenan los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Pero esa no fue la primera vez. El 10 de junio, López Obrador dio a conocer y criticó, en su conferencia mañanera, la supuesta existencia del proyecto BOA, Bloque Opositor Amplio. Entonces, el INE le advirtió que ante conductas reiteradas de cualquier servidor público, y frente al inicio del proceso electoral federal 2020-2021, estaría en posibilidad de dictar las medidas preventivas correspondientes. Esa decisión del INE fue confirmada por el Tribunal (SUP-REP-75/2020 y SUP-REP-76/2020).
¿Por qué ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite una resolución en sentido contrario? La propuesta de resolución elaborada por la magistrada Janine Otálora, proponía confirmar la decisión del INE. Aún así, la Sala Superior revocó la medida y sembró muchas dudas sobre su autonomía e imparcialidad.
POR ALEJANDRO CACHO
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