El presidente Andrés Manuel López Obrador busca propinar un nuevo golpe al sector empresarial y, de paso, afectar considerablemente los ingresos de un número importante de trabajadores.
Al menos esa es una de las lecturas que dieron patrones, empresarios, representantes sindicales y defensores de los derechos de los trabajadores, a la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada para regular la operación de las empresas dedicadas a la subcontratación de trabajadores, mejor conocidas como outsourcing.
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Según dijo el jefe del Ejecutivo federal, es urgente y necesaria una reforma de esa magnitud porque, entre factureras y empresas dedicadas a la subcontratación, el fisco pierde cada año 21 mil millones de pesos por la evasión de impuestos. Visto de ese modo, serían muy pocos los que se opondrían a meter en cintura a esos delincuentes de cuello blanco. Sin embargo, existe un problema serio: hay outsourcing “bueno” y outsourcing “malo”.
Bajo todas las de la ley, algunas compañías recurren a la subcontratación con empresas debidamente reconocidas y otras son creadas para no pagar impuestos a la hacienda pública.
El meollo del asunto es que el gobierno busca meter a ambas en el mismo costal. Y eso es un problema para todas las firmas que, desde hace mucho tiempo, cumplieron con todos los requerimientos logrando que los trabajadores tuvieran un ingreso mayor.
Hoy lo que observan es que el gobierno está más preocupado por cobrar más impuestos y recuperar los evadidos, que por el bienestar de los trabajadores.
Además, el Ejecutivo propone que exista un padrón de las empresas dedicadas al outsourcing y una instancia que las certifique, lo que sin duda va a generar un trámite burocrático proclive a la corrupción.
Por otro lado, no hay que perder de vista que muchos organismos de gobierno tienen contratados ese tipo de servicios para tercerizar el manejo de sus nóminas, por lo que la reforma que viene los va a obligar a “recontratar” servicios con la penalización correspondiente de por medio.
El impacto de la nueva ley, impulsada por la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, tendrá repercusiones en todo lo relacionado con el manejo y administración de recursos humanos, un sector que anda por la calle de la amargura derivado de las afectaciones económicas provocadas por el COVID-19.
Además, tiene un componente político: la iniciativa dejar ver que López Obrador quiere seguir apretando al sector empresarial y patronal, a quienes desde Palacio Nacional ven como los principales promotores de los movimientos de oposición que han surgido en los últimos días, léase FRENA, México Sí y la Alianza Federalista.
Es decir, por cada movimiento disidente que surja, siempre habrá una respuesta. A ver de qué cuero salen más correas.
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Tras haber logrado una alianza que pareciera imposible entre el PRD y el PRI, en el estado de Guerrero, el exsecretario de Desarrollo Social de la entidad, Mario Moreno Arcos, inició los preparativos para contender por la gubernatura del estado.
Lo que ofreció es continuidad a los trabajos realizados por el actual mandatario, Héctor Astudillo.
Lo que falta ahora es conocer al abanderado de Morena, el principal rival a vencer, en las elecciones de 2021. Y todo apunta a que la final del proceso interno morenista estará entre Félix Salgado y Pablo Amílcar Sandoval.
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En el gobierno de Baja California, de Jaime Bonilla, andan muy contentos porque en los últimos dos meses recuperaron 13 mil empleos perdidos al inicio de año, con la emergencia sanitaria, lo que coloca a la entidad como el líder de ese rubro en todo el país.
Una pieza clave, me dicen, es Mario Escobedo, secretario de Economía y Turismo, quien se perfila como candidato de Morena a la gubernatura en 2021.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Vengándose, uno se iguala a su enemigo; perdonándolo, se muestra superior a él”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ