En el ISSSTE, a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, siguen sin encontrar el tratamiento adecuado para curar las dolencias que lo aquejan.
Uno de estos males es el seguimiento al desarrollo de los contratos, ya que no quedan claros los criterios que utilizan.
Por ejemplo, en mayo, cuando Amnistía Internacional dio a conocer el informe “El costo de curar”, en el que expuso testimonios de trabajadores del Instituto que detallaban la ausencia de cubrebocas para protegerse del COVID-19, como el de un empleado de limpieza de 70 años de edad, quien aseguró que le recortaron 16 por ciento su salario por negarse a laborar en las áreas dedicadas a los pacientes con esta enfermedad. De acuerdo con el relato, “Don Alejandro” estaba contratado en una de las unidades médicas de la Ciudad de México. En dichas instalaciones la proveedora del servicio es Grupo Relissa Servicios Corporativos, que se quedó con un contrato por más de 380 millones de pesos en condiciones sospechosas.
Se lo digo porque existieron señalamientos sobre que el domicilio que anotó para participar en la respectiva licitación no era más que una bodega abandonada, además de que José Juan Reyes, relacionado con la compañía, fue observado mientras compartía la mesa en un conocido restaurante de Las Palmas con Manuel Cervantes Cruz Romero, jefe de Servicios de Adquisiciones.
Así, mientras Grupo Relissa enciende alertas sin que se den muestras de un jalón de orejas; un escenario completamente diferente se vive en la Delegación Estatal del Estado de México, en donde el impago ha obligado a Ocram Seyer a informar que cortará el servicio el 16 de noviembre si la deuda no se cubre a más tardar un día antes.
Resulta que la empresa operó con normalidad, sin que se saldara la facturación en su totalidad, por lo que la bolsa pendiente ya supera los ocho millones 990 mil pesos. Se trata de un caso de especial atención, sobre todo, por la importancia del aseo constante ante la pandemia.
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Finalizó la primera etapa de la NOM–035 y es probable que varias empresas no la hayan cumplido, y de ser así pueden ser sancionadas por parte de las autoridades. Según Intelab, de Fernanda Zenizo, con Inteligencia Artificial cualquier compañía puede concluir en muy poco tiempo la etapa ya finalizada y la siguiente que acaba de comenzar, la cual ya pide reconocer factores de riesgo psicosocial en los empleados, que según Intelab, por el aumento en la carga de trabajo y poca interacción social debido a la contingencia, han sido afectados y que pueden impactar en el bienestar del empleado y por consecuencia, de la organización…
Si no existe cambio de último momento, el Senado, que tiene al frente de la Junta de Coordinación Política a Ricardo Monreal Ávila, analizará mañana la iniciativa para regular la producción, consumo e industrialización del cannabis. Como recordará existe un plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como ministro presidente a Arturo Zaldívar, para que se legisle en la materia a más tardar el 15 de diciembre.
POR ROGELIO VARELA
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