El pasado lunes, los gobernadores de los 10 Estados integrantes de la llamada “Alianza Federalista” desplegaron un pronunciamiento conjunto y coordinado que plantea una serie de inconformidades en su relación con el Gobierno Federal, los cuales básicamente se reducen al desacuerdo en torno a la extinción de 109 fideicomisos públicos, el manejo de la emergencia sanitaria y las reducciones en los montos del gasto federalizado en el contexto de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el próximo año. Estos puntos de desencuentro encuentran común denominador en la preocupación legítima por parte de los mandatarios locales respecto a la perspectiva económica y social que se vislumbra complicada en un contexto nacional e internacional sumamente desfavorable.
Los planteamientos de la Alianza Federalista deben ser motivo de reflexión y búsqueda inmediata de mecanismos de diálogo y de entendimiento que permitan encontrar soluciones puntuales a la problemática que se presenta, la cual amenaza con romper o por lo menos replantear los términos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya que el trasfondo de esta coyuntura es precisamente la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas locales en el corto y mediano plazo.
En tales circunstancias, no debe pasar desapercibido que el pasado 19 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las cuales, en términos muy generales, implican la introducción de ciertos esquemas de excepción y flexibilización de los controles de endeudamiento estatal, ante la ocurrencia de situaciones extraordinarias en materia de salubridad general y caídas abruptas y pronunciadas de la economía nacional.
En esencia, el espíritu de la reforma es otorgar a Estados y Municipios un mayor grado de maniobrabilidad financiera a sus haciendas públicas, mediante facilidades transitorias para la reestructuración de sus financiamientos de largo y corto plazo, la introducción de ciertas mejoras en los procesos administrativos para agilizar la contratación e inscripción de financiamientos y obligaciones y la posibilidad de acceder a espacios de endeudamiento superiores a los establecidos en ley para sufragar proyectos de infraestructura que impliquen un alto impacto social, así como una fuente de ingresos propios y ahorros presupuestales, a criterio de la Secretaría de Hacienda.
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En dicho contexto, tocará a la Cámara de Senadores analizar y ponderar si la propuesta de reforma resulta idónea y suficiente para que los Estados y los Municipios cuenten con las herramientas necesarias para atemperar y afrontar la crisis económica y social en el ámbito local, marcada por la caída de las participaciones federales; o si por el contrario, únicamente representa un intento fallido y tardío en la búsqueda de salvaguardar la viabilidad económica y financiera de las haciendas públicas subnacionales, y por ende, el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL