El 21 de octubre, el Senado de la República aprobó la extinción de 109 fideicomisos, dando con ello un golpe directo a diversos proyectos de investigación científica y a las instituciones que los representan.
Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró como un triunfo el que los legisladores votaran a favor de su propuesta de ley, pues considera que esos fideicomisos no tenían control alguno.
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Semanas previas a las votaciones, decenas de instituciones dedicadas a la ciencia e investigación asistieron a San Lázaro para demostrar a los diputados —con documentos en mano—, que los fideicomisos estaban etiquetados para diversos rubros, su uso era comprobable y los recursos se aplicaban correctamente.
Sin embargo, los legisladores no escucharon explicaciones y pese a que los diputados se golpearon, literal, se golpearon en tribuna, la propuesta se aprobó y se envió a la Cámara de senadores, donde finalmente terminaron por eliminar dichos fideicomisos.
El doctor Jorge Cadena Roa, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales —que aglomera a 90 entidades de educación superior e investigación en Ciencias Sociales—, asegura que hay un desconocimiento del gobierno federal en torno al uso de esos recursos.
“No es dinero para los investigadores, sino para la ciencia y el desarrollo del país”, me dijo. El problema es que en realidad se desconoce la relevancia y su uso.
El académico considera ofensiva la afirmación del presidente López Obrador, cuando refiere que los fideicomisos eran administrados por la corrupción. “Generalizar algo así es grave y más cuando las instituciones demuestran todo el trabajo que realizan”.
Aclaró que los investigadores no cobran sus sueldos de los fideicomisos, sino eran usados para realizar las
reuniones académicas, comprar equipo, pagar los servicios, financiar investigaciones, becas, difusión, etc.
La propuesta del Presidente sobre dar los recursos directamente a los investigadores también es de analizarse, aseguran, pues eso generaría más problemas en lugar de beneficios.
Para los expertos, todo esto es minimizar la ciencia y la tecnología. Los jóvenes se van a ver desanimados a estudiar estas materias. Son desaciertos con costos enormes.
Se estima que las naciones deberían dedicar como mínimo uno por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a la tecnología e investigación; en México, en los últimos dos años sólo se asignó 0.5 por ciento; habrá que esperar ahora con las deducciones presupuestales y sin fideicomisos, cuánto bajará ese porcentaje.
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SINCRONÍA: De los 109 fideicomisos eliminados, 91 corresponden a fondos dedicados a la investigación científica y tecnológica, que manejan alrededor de 25 mil millones de pesos (mil 180 millones de dólares).
POR KARINA ÁLVAREZ
K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM
@KAFARK84