Los términos del debate han sido presentados por el presidente López Obrador. El motivo fundamental, entre otros, es la consulta contra los expresidentes por él promovida y dictaminada recién por la Suprema Corte de Justicia. Su mensaje al respecto ha sido que entre la ley y la justicia hemos de optar por lo segundo.
Era obvio que los opinólogos iban a lanzarse a la yugular en defensa de la ley, aunque lo habitual es que digan que “es un tema filosófico muy complejo” eso de la disyunción entre la ley y la justicia, y que lo mejor es no moverle. Acabo de ver comentarios de este tipo en boca de Aguilar Camín y Jorge Castañeda, ese par de profesionales del odio de clase y de la petulancia que, al final, terminan dándole vueltas al punto central de la cuestión, optando por decir mejor, para salir al paso, que es un despropósito poner en duda el cumplimiento de la ley en una sociedad como la nuestra en donde la costumbre es no cumplirla.
Siendo tan antiguo, el problema tiene múltiples aristas. Y todas remiten casi siempre al mundo romano de la antigüedad, matriz de la que parte nuestra tradición jurídica. De entrada, me viene a la mente el problema de la forma y el contenido de una ley en tiempos del régimen nacionalsocialista de Hitler. En esa época, en el contenido de la ley estaba dispuesto que los judíos eran la fuente de todos los males, y que lo procedente era procurar su exterminio. Está claro que ahí lo justo, para cualquier persona decente, era tirar, destruir, derribar esa ley, es decir, destruir ese “Estado de Derecho” –fetiche favorito de mucho reaccionario insulso, que cuando conviene se olvida de él para no pagar impuestos o aguinaldos–, razón por la cual, entre otras cosas, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial.
La otra referencia es más antigua aún. Y éste es el acorde, señoras y señores, que está tocando el presidente. Se trata del conflicto entre patricios y plebeyos como fractura al interior del pueblo mismo de la república romana de la antigüedad. En la Ley Hortensia del 286 a.C., se estabilizó ese conflicto a través del mecanismo de los plebiscitos, precisamente, de suerte que la tensión en comento quedó embridada en la disposición según la cual la ley es lo que autoriza y establece el pueblo, pero el plebiscito es lo que autoriza y establece la plebe, es decir, la parte del pueblo que no es patricia, que hoy estaría representada, ésta es la cuestión, por los señoritos de la inteligencia a lo Aguilar Camín, que no es que estén contra la libertad, la ley o la democracia: están contra la libertad, la ley y la democracia establecidas por la plebe.
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Lo que ocurre es que en México esa plebe es mayoría, ¿cómo la ven?, y la voz que a ellos les habla no es la de los intelectuales o la de los becados del CONACYT o la de los investigadores exquisitos del CIDE: es la voz de quien –hombre de Estado y de nación al mismo tiempo–, madruga todas las mañanas para enviar, en efecto, un mensaje al pueblo, a la plebe y a la nación en su conjunto.
POR ISMAEL CARVALLO
ASESOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@ismaelcarvallo