El aumento en las temperaturas y el creciente número de incendios forestales han llamado la atención del mundo en los últimos días. Especial cobertura han recibido los incendios del Amazonas. El problema no es exclusivo del gran pulmón del mundo (el Amazonas produce 20 por ciento del oxígeno del plantea). El 2018 fue el año más destructivo para California, en Estados Unidos.
Los incendios quemaron 7.6 kilómetros cuadrados y causaron 3 mil 500 millones de dólares en pérdidas. De igual manera, aunque con menor cobertura mediática, las alertas de incendio han sido significativas en Rusia. Estos eventos tienen consecuencias devastadoras en la biodiversidad y los ecosistemas. Además, el humo producido por los incendios tiene altos impactos en la salud y resultan en altas tasas de mortalidad. Los riesgos existentes ante la presencia de desastres son cada vez más latentes.
Los desastres no son naturales, el riesgo proviene de fenómenos meteorológicos combinados con la acción humana. El calentamiento global es un conductor acelerado hacia las pérdidas por desastres. El cambio climático puede generar más tormentas, exacerbar las inundaciones costeras, traer temperaturas más altas y sequías más largas. El reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de 2018 sobre calentamiento global, presenta evidencia de la necesidad de ser más ambiciosos en la manera en que respondemos a los cambios.
La prevención de riesgo de desastres requiere acciones que reten nuestras decisiones y nuestros comportamientos. A nivel global, no hemos sido capaces de movernos de un financiamiento post desastres a uno que destine recursos en el manejo y prevención del riesgo. Ocurre el desastre, respondemos, reconstruimos y repetimos. Se estima que las donaciones internacionales destinadas a la atención post desastres son 20 veces más que los recursos destinados a la prevención.
Para lograr un desarrollo sostenible que incorpore el riesgo eminente de desastres es necesario contar con datos robustos y estadísticas oportunas que nos permitan medir adecuadamente los avances y las inversiones realizadas. Información relativa al riesgo debe de ser integrada a los indicadores de desarrollo, la planeación, el financiamiento y la acción.
Específicamente para el caso de incendios forestales, se han desarrollado herramientas para el monitoreo como Global Forest Watch y el Sistema de Información Global para Incendios (GWIS, por sus siglas en inglés). Este sistema inició en 2015 y es una herramienta de código abierto que cuenta con registros de 350 a 400 millones de hectáreas de tierra quemada cada año. Para el caso del Amazonas, Global Forest Watch reportó 647,548 alertas de incendio entre el 1º de enero y el 21 de agosto de 2019.
Los estados con mayor número de incendios son Mato Grosso, Pará, Roraima y Amazonas. ¡El 7% de los incendios fueron detectados en áreas naturales protegidas! Las nuevas tecnologías permiten el acceso a sensores de mayor resolución y pronto permitirán la inclusión de incendios más pequeños a esta base de datos. Con dichas herramientas, los países pueden incorporar la información en la evaluación global de riesgos.
Entender y manejar el riesgo de desastres es tarea de todos. Se requieren acciones coordinadas que aboguen por una sociedad resiliente y una estrategia integral de manejo del riesgo de desastres. El INEGI participó en el recientemente publicado reporte sobre la evaluación global de riesgos de desastres de Naciones Unidades.
En dicho reporte se hace un llamado con sentido de urgencia a la prevención del riesgo a través del liderazgo político, financiamiento sostenido y compromiso para contar con políticas informadas sobre el riesgo respaldadas por datos precisos, oportunos, relevantes, interoperables, accesibles y específicos del contexto.
Debemos de actuar colectivamente para anticipar y lidiar con el riesgo de desastres. Para ello, necesitamos poder hacer en tiempo real ajustes que anticipen y respondan al cambio. Esto significa que necesitamos marcos de planificación adaptativos y anticipatorios que busquen prevenir y mitigar el riesgo, y que permitan que los hacedores de política pública reaccionen rápidamente.
Por Paloma Merodio.
Vicepresidenta del INEGI.
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