Parafraseando a Mario Benedetti, nos cambiaron las preguntas cuando creíamos tener todas las respuestas: este 2019 será recordado porque mientras se reformaron nueve artículos de la Constitución mexicana para garantizar que las mujeres tomen decisiones en la vida pública del país, el “nuevo régimen” dio marcha atrás en presupuestos, programas e instituciones que garantizaban derechos de las mujeres y sus familias.
Hoy que el Congreso de la Unión se integra por hombres y mujeres en igual proporción y justo cuando la izquierda en México asume el poder, el Presidente de la República y su mayoría legislativa deciden recortar presupuestos o simplemente no liberarlos, como en el caso de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar o escuelas de tiempo completo.
¿Queremos el poder de representar a millones de mujeres que viven pobreza, inseguridad, violencia familiar y falta de oportunidades, o representaremos los intereses de quien ostenta el poder?
¿Seremos las mujeres quienes salgamos a dar la cara, justificando visiones autoritarias como el cierre de las estancias infantiles, como recientemente vimos a la dirigente de Morena, diciendo que las niñas y los niños no son “cosas que se guardan”? ¿Quién lo pidió? Lo que necesitamos las madres trabajadoras son lugares donde nuestros hijos puedan estudiar, socializar, alimentarse y permanecer seguros, mientras salimos a buscar el sustento y no parece que el lopezobradorismo tenga más política pública que repartir dinero para que cada quien se las arregle como pueda.
La presencia femenina debe significar conciencia y el valor de decirle, incluso al Presidente de la República, que su afán de concentrar poder a través de una política clientelar que reduce la participación del Estado mexicano a transferencias monetarias, no impactará positivamente en la educación, la alimentación o en la seguridad de las mujeres y sus hijos.
Por eso, dejando a un lado ideologías y sumando experiencias y capacidades, las integrantes del Colectivo 50+1 en el que también participo, propusimos establecer en nuestro calendario cívico el 6 de junio como Día de la Paridad.
La idea de mi paisana Adriana González fue abrazada por todas las integrantes del colectivo, conscientes de que estamos lejos de tener qué festejar. Nuestro objetivo es observar y evaluar que no haya retrocesos, empezando por la transparencia, ahora que la Secretaría de Hacienda dejó de hacer pública la evolución mensual del gasto y eliminó del portal las bases de datos correspondientes al primer cuatrimestre del año, evidenciando la opacidad del actual gobierno federal.
Ahora que logramos presencia en la vida pública del país, hagamos valer nuestros derechos que, dicho sea de paso y para que lo entiendan los del “nuevo régimen”, son justos además de legales. Sin consultas a mano alzada, con datos y con hechos, las mexicanas hagamos un alto cada año en el camino para evaluar la congruencia del discurso gubernamental.
POR ANA LILIA HERRERA ANZALDO
DIPUTADA FEDERAL POR EL PRI
@ANALILIAHERRERA