El derecho a la educación no es negociable ni puede garantizarse desde un memorándum: lo que está en juego es el interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes; la oportunidad que les brindemos de prepararse hoy, para construirse un futuro mejor.
Habiendo impulsado una de las reformas más trascendentales en materia educativa de los últimos sexenios, donde el Estado mexicano recuperó la rectoría del sistema educativo, en este 2019, los priistas optamos por el camino más complejo: construir acuerdos a partir de la responsabilidad y la legalidad.
Siendo la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, habría sido fácil definir como estrategia política la obstrucción o apostar por la mezquindad: haciéndonos a un lado para ver pasar la iniciativa del presidente López Obrador, plagada de ocurrencias como subordinar la educación al “derecho al bienestar”, o eliminar de tajo la educación inicial, la autonomía universitaria o los procesos de evaluación para las maestras y maestros.
Era inadmisible sustraernos de tan grave responsabilidad y apostamos a construir en los hechos, para que la discusión regresara a la legalidad, que es la única vía para tener contrapesos entre poderes y defender los derechos del pueblo frente a las autoridades y su autoritarismo.
Defendimos lo alcanzado en la reforma vigente y logramos mantener la evaluación como condición para la admisión, promoción y reconocimiento de docentes, directivos y supervisores.
Describimos con precisión en el texto constitucional que dichos procesos de selección deberán ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales y los aspirantes concurrirán en ellos en igualdad de condiciones.
Logramos una evolución de la Reforma Educativa, pues la evaluación ya no condicionará la permanencia de nuestros docentes en el servicio; incluirá como un criterio adicional a los conocimientos y perfil su experiencia, y tendrán como derecho la capacitación permanente.
Gran parte de la polémica en torno a esta nueva reforma fue la inclusión por parte de Morena del artículo decimosexto transitorio, en el que se alude a los derechos de los trabajadores al servicio de la educación, regulados en el artículo 123 constitucional, aunque debe advertirse que el mismo artículo reitera que la admisión, promoción y reconocimiento, se otorgarán por una evaluación, según lo previsto en el artículo tercero de la Carta Magna y, para evitar suspicacias, en el periodo extraordinario agregamos que prevalecerá siempre la rectoría del Estado.
Lograr acuerdos también limitó los alcances deseables para mejorar el sistema educativo.
El gobierno y su mayoría se empeñaron en desaparecer al organismo constitucional autónomo responsable de la evaluación educativa, pero no admitimos que fueran juez y parte como pretendían. De eso escribiré en la siguiente entrega.
ANA LILIA HERRERA ANZALDO
DIPUTADA FEDERAL
@ANALILIAHERRERA