El mismo encono e indignación que genera la desigualdad económica en México nos debería provocar la discriminación hacia las personas con discapacidad; una realidad que coarta sus derechos y libertades, amplía desigualdades y nos priva como sociedad, de la oportunidad de aprovechar el potencial de nuestra diversidad.
Reflexionemos. ¿Por qué de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 años, sólo 40 participan en actividades económicas, a diferencia de quienes no presentan limitaciones o discapacidades, donde la proporción pasa a 70 de cada 100, según cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi)?
¿Qué debe ocurrir para que no sufran discriminación laboral quienes viven con algún tipo de discapacidad?
Hay mucho por hacer pero, sin duda, debemos empezar por garantizar su derecho a la educación, a convivir en aulas “regulares”, como deberíamos hacerlo a lo largo de toda nuestra vida; la educación inclusiva es el mejor comienzo y la herramienta más poderosa para erradicar la discriminación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que la educación debe ser inclusiva y “todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo ‘general u ordinario’ –sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria”.
El máximo tribunal del país subrayó que las “barreras, así como los prejuicios o estereotipos que subyacen a la discapacidad, deben ser combatidos y eliminados para proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente”.
Para no dejar lugar a dudas ni interpretaciones y sumada a las muchas voces de madres, padres y asociaciones que exigen este derecho, el pasado 14 de febrero presenté una iniciativa ante el Congreso que propone adicionar el texto constitucional, para que la educación que imparta el Estado mexicano sea completamente inclusiva.
La buena noticia es que el criterio ya se incluyó en el dictamen aprobado ayer en comisiones en la Cámara de Diputados. Se trata del primer paso en un largo camino que deberá precisarse en la legislación secundaria, donde por cierto estaremos atentos a la minuta que recibimos del Senado con la propuesta de mi compañera Claudia Anaya, para reformar la Ley General de Educación en la materia.
El Estado tiene la obligación de adoptar medidas (de forma progresiva, pero sostenida) para proteger, respetar y facilitar el acceso al derecho a la educación sin discriminación y en condiciones de igualdad.
Nos mantendremos atentos a la congruencia de la legislación secundaria y al Presupuesto de 2020, para exigir que este logro pase del papel a la realidad.
Diputada Federal del PRI
@analiliaherrera