En octubre del año pasado la Procuraduría inició una investigación sobre las acusaciones de soborno contra Emilio Lozoya Austin.
Tres meses después, al iniciar el año un grupo de ministerios de la institución viajó al país de Pelé para recibir parte del expediente de la justicia brasileña que lo vincula con el escándalo de corrupción en Odebrecht.
Diez meses después, a menos de que algo extraordinario modifique su suerte, Lozoya no enfrentará a la justicia, en otra clásica historia de corrupción acompañada por la indispensable simulación en las instituciones.
Hasta hace unos días, por ejemplo, los responsables de la Contraloría y la Auditoría internas de Pemex durante la administración Lozoya no habían sido llamados a comparecer. ¿Qué investigación seria obviaría algo tan obvio?
De la misma manera en la que los gobernadores Duarte y Borge fueron denunciados tres años antes por distintos hechos de corrupción en Veracruz y Quintana Roo, las irregularidades en la gestión de Lozoya fueron advertidas en Los Pinos antes de que el gobierno cumpliera tres años.
Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, fue quien apuntó a Lozoya y se lo advirtió al presidente. Él ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda investigar a Duarte en Veracruz.
Videgaray hizo lo mismo en Pemex porque eran un escándalo en el mundo de proveedores y contratistas las modificaciones internas que Lozoya había ordenado con el propósito de centralizar todas las compras que antes se hacían en todos los estados.
Pero Lozoya continuó en el cargo, con el consentimiento del presidente, pese a todas las evidencias de lo que algunos funcionarios y ex funcionarios de Pemex consideran un lodazal histórico de moches y sobornos.
En el México de Duarte, Borge, Medina y Lozoya no es necesario que un servidor público señalado en declaraciones juramentadas como receptor de sobornos por más de 15 millones de dólares sea sujeto a una investigación seria e imparcial.
Vale la pena revisar una frase clave de Lozoya, la semana pasada: “Prueben que los recibí”.
El anonimato es una de las condiciones que garantizan los paraísos fiscales, además de tasas de impuestos reducidas y la posibilidad de lavar dinero. Por eso recurren a ellas políticos desaseados, que se codean con narcos, empresarios sucios y otros miembros de esta fauna de personajes en busca de refugios financieros.
Lozoya (o quien le haya entregado el número de cuenta para que le hiciera los depósitos De Meneses, ex director de Odebrecht México) eligió las Islas Vírgenes Británicas para trasladar el dinero de los sobornos, un auténtico búnker de confidencialidad y anonimato.
Si Lozoya no recibió los sobornos, como jura, entonces ¿quién extrajo el dinero, como preguntó Coello, su abogado?
Esa jiribilla de Coello, un abogado con muy buenas relaciones al interior de la PGR, solo conduce a un camino: las cuentas de la campaña de Peña en 2012. Columna anterior: El asalto de los partidos