Estuve un par de semanas fuera, casi desconectado. Al volver, nada cambió. Sigue la corrupción, la impunidad, las injusticias. Sigue el encabronamiento colectivo contra una clase política ajena a la realidad. Una que se sirve, en lugar de servir. El recuento de los últimos días no consuela, pero ilustra. Retrata. Hechos que se diluyeron y que, por desgracia, quedarán (sino es que ya quedaron) en el olvido.
Lunes 12. Diputados y funcionarios de la Auditoria Superior de San Luis Potosí son exhibidos cobrando a alcaldes 10% de su deuda municipal a cambio de desaparecerla de registros.
Martes 13. Porrúa se deslinda del libro de Rafael Moreno Valle. Aclara que no está detrás de la publicación que le ha valido al exgobernador miles de spots, sin que se sepa quién paga y de dónde sale el dinero. El libro debe tener más espectaculares que copias vendidas.
Miércoles 14. En Chiapas, la administración de Manuel Velasco inaugura hospitales que no sirven. Un insulto. Velasco y su gobierno gastaron mil 600 millones de pesos en construir, remodelar y equipar hospitales que no funcionan.
Jueves 15. Localizan el cadáver de José Octavio “N”, dentro del penal de Neza Bordo. Las autoridades explican (o tratan de hacerlo) que el asesino de la joven Valeria, se suicidó. En el Edomex no solo no hay control en las calles, tampoco dentro de las cárceles. La justicia es una mala broma.
Viernes 16. Enrique Ochoa, designa a Fernando Charleston Hernández, secretario de Finanzas de Javier Duarte, presidente del PRI en Morelos. El señalado como probable responsable por el desvío de 15 mil millones de pesos, es premiado.
Sábado 17. El exgobernador de Chihuahua Cesar Duarte pagó 22 millones de pesos en sobornos a diputados para que aprobaran deuda. De acuerdo con un testigo protegido, tocó 1 millón a cada legislador.
Domingo 18. En plena crisis de violencia contra periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Roberto Campa asegura que este no es el peor momento de ataques. Antes mataban a más, dice. Vaya consuelo.
Lunes 19. The New York Times revela cómo el gobierno mexicano espía periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, a través del programa Pegasus que infiltra teléfonos.
Martes 20, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo desvió créditos de burócratas. No se sabe dónde quedaron cientos de millones descontados vía nomina.
Miércoles 21. El delegado en Tláhuac Rigoberto Salgado ha favorecido con contratos por 33 millones de pesos a Patricia Sánchez Vázquez, quien financió parte de su campaña.
Jueves 22. A destiempo y mal, el presidente Peña Nieto rechaza que su gobierno espíe periodistas y activistas y, en el absurdo, pide que se aplique la ley a quienes acusan espionaje. Horas más tarde, matiza: no quería decir lo que dijo.
Viernes 23, Juan Manuel Portal, titular de la ASF, critica “sumisión” de responsables de contralorías estatales y los llama a “conducirse con probidad”. No pocos encargados de fiscalizar y evitar la corrupción, se han corrompido.
México. 12 días como estampa de una realidad que pasa tan rápido que quizá solo a la distancia, podemos ver de cuerpo entero.
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