Contrario a lo que podría pensarse, cada que los policías hacen un paro de labores, en un estado o municipio, los delitos disminuyen significativamente y la población llega a sentirse hasta más segura.
La explicación es sencilla: en prácticamente todo el país, el 70% de los ingresos totales de policías proviene de mordidas, moches o extorsiones, y cuando dejan de estar en la calle se genera una sensación de más seguridad.
El sueldo promedio de un policía estatal es de 5 mil pesos mensuales, aunque en realidad sus “ingresos” superan los 15 mil pesos, después haber dejado en el camino el pago por la renta de la patrulla, el cobro de cuotas de vigilancia y el moche a su jefe inmediato o al comandante en turno.
Esa es la realidad de nuestras corporaciones, muy alejada de las grillas y los intereses políticos y económicos de los partidos representados en el Congreso de la Unión.
Ayer, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el PRI, que comanda César Camacho, bateó por enésima ocasión el debate sobre uno de las tantos proyectos que buscan poner orden en el manejo de los recursos y la estructura de las policías en estados y municipios.
El debate se centra en dos propuestas: Mando Único o Mando Mixto. La primera busca que la coordinación de las corporaciones quede en manos de los gobiernos estatales, mientras que con la segunda pretenden repartir el control y los recursos entre los estados, municipios y la Federación.
Por lo pronto, no hay un acuerdo concreto, porque en el estire y afloje se interponen los intereses del PRI y PAN que son los partidos con más gubernaturas y ayuntamientos en todo el país. Y el tricolor lo hizo patente ayer al ausentarse de la reunión de comisiones en la que se pretendía dictaminar la iniciativa de Mando Mixto.
Lo más preocupante de todo esto es que nuestros congresistas reducen el debate a un tema de repartición de recursos, cuando la discusión debería centrarse en el modelo de policía que necesitamos.
En la década de los 70, México y otras naciones usaron a las fuerzas policiacas para contener movimientos sociales, resguardar el orden público y defender los modelos económicos del momento.
Hoy, el nombre del juego es “seguridad” y los índices de violencia no bajan porque nuestras fuerzas del orden se han convertido en un monstruo de mil cabezas que lo mismo responde a intereses personales que a los de sus comandantes, al de los secretarios de seguridad estatal y municipal, a los del gobernador en turno y, en muchos casos, a los del crimen organizado.
No aprendemos y cada vez son más los casos que involucran en actos criminales a los encargados de resguardar el orden y procurar justicia, como el de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, coludido con el narcotráfico.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Oríllese a la orilla, porque no se puede rebasar en curva recta, mi jefe”.
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