Corrupción, corrupción, corrupción, corrupción, corrupción.
Lees el periódico del domingo en plan Zen y terminas al borde de un ataque de nervios: investigaciones en curso, nuevas denuncias, el escándalo del momento y antídotos ciudadanos contra el robo de los recursos públicos.
En su columna, Alex Sánchez contaba que Mauricio Merino, uno de los académicos y activistas más comprometidos en el tema, ha creado el colectivo Nosotrox para vigilar que las instituciones nacionales acaten las obligaciones de transparencia.
Suena muy Kafka eso de que un grupo de mexicanos se organicen, funden un proyecto y gestionen fondos para vigilar a las instituciones que los representan y trabajan para ellos. ¿Por qué?
La principal razón es lo que podríamos llamar Ruptura hormiga del orden institucional, que consiste en el quebranto de las leyes por parte de las instituciones y los encargados de hacerlas cumplir.
¿Cómo ocurre la Ruptura hormiga del orden institucional?
Un ejemplo es la reforma constitucional que en 2014 homologó el acceso a la información pública; en 2015 se aprobó la Ley General de Transparencia que creó 48 obligaciones para los sujetos obligados –de la Presidencia de la República al municipio más pequeño– sobre apertura de información, y del Poder Legislativo surgió la ida de crear una Plataforma Nacional de Transparencia, un gran repositorio nacional de información.
Los lineamientos para definir qué información se abría y hasta dónde se aprobaron en mayo de 2016 y los sujetos obligados recibieron claves de acceso. Pero el sistema hizo agua y las instituciones no pudieron inscribir su información. En noviembre de 2016 se cumplía el plazo para que todos habilitaran sus datos, pero ante los fallos del sistema se acordó una prórroga de seis meses.
El INAI mutó de figura de autoridad a una entidad incapaz de exigir nada, porque la información tenía inconsistencias o no aparecía. La prórroga terminó el pasado 4 de mayo, cuando todas las instituciones debían tener la información en la plataforma. Pero el tráfico aumentó hasta 5 mil usuarios, el sistema volvió a reventar y se aprobaron una nueva prórroga y algo más significativo: si un ciudadano interpone una queja, las autoridades no apercibirán o sancionarán a las instituciones, como dice la Ley. ¿Por qué? Porque el sistema no jala.
Después de años y cientos de millones invertidos, la reforma constitucional está muerta en vida y la Plataforma Nacional sigue siendo una promesa gris de transparencia, un elefante mudo y manco incapaz de publicar información vital ligada a la peor generación de políticos en décadas: ocho ex gobernadores suman desfalcos por un monto equivalente al hoyo financiero que llevó al gobierno de Peña al gasolinazo.