En abril de 2016, México anunció la apertura del mercado de los combustibles y varias compañías extranjeras mostraron interés por participar, pero antes de sacar la chequera contrataron despachos privados para que hicieran un diagnóstico sobre riesgos y áreas de oportunidad.
El hallazgo resultó contrastante. Por un lado, encontraron un jugoso mercado que proyecta una derrama económica de 12 mil millones de dólares y, en la otra cara de la moneda, detectaron riesgos en materia de seguridad, así como la falta de reglas claras en algunos rubros.
Por ejemplo, el año pasado se publicó el decreto para prevenir el robo de hidrocarburos y ahí se establece el uso de marcadores —sustancias químicas que se agregan a los combustibles para que puedan ser identificados— pero es fecha en que la Comisión Reguladora de Energía no ha publicado las reglas para la implementación de ese y otros recursos tecnológicos.
“La presencia de marcadores en los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, presumirán la propiedad o legítima posesión de éstos en favor de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, según sea el caso”, dice el Artículo 5 del Decreto publicado el 12 de enero de 2016.
Las autoridades ya tienen varios proyectos para la adquisición de marcadores y otras tecnologías que beneficiarían a Pemex y a las firmas que lleguen del extranjero.
Nadie se explica por qué han dejado de lado medidas que podrían convertirse en una de las principales herramientas para erradicar un delito que se convirtió en problema de seguridad nacional.
No hay nada nuevo bajo el sol. Desde hace una década, en Colombia se usaron marcadores y eso permitió desmantelar grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de combustibles. Miles de personas fueron a parar a la cárcel e incautaron bienes, inmuebles y millones de dólares.
En México, el tema ya hizo crisis porque los hidrocarburos robados se venden en gasolineras legalmente establecidas; es decir, el delito ya no es propio de huachicoleros, está en la economía formal.
El debate que viene
Con todo y todo, varias firmas extranjeras ya pusieron un pie en territorio nacional, pero para entrarle plantaron algunas condiciones que hasta el momento se desconoce si el gobierno de México las aceptó.
Promoverán varias reformas, entre ellas una para permitir el ingreso de cuerpos de seguridad privados que combatieron en zonas de guerra como Irak y Afganistán.
Expertos en la materia anticipan que próximamente veremos a un grupo de cabilderos que también buscan promover la creación de una policía nacional confiable que resguarde los intereses de empresas dedicadas a la venta de combustibles, pero también a la extracción y procesos de logística, es decir transportación.
¿Se animarán el Senado y la Cámara de Diputados a encabezar estas causas?
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras.”
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