Un gran porcentaje de las adquisiciones y adjudicaciones de obra pública que llevan a cabo los gobiernos estatales y municipales, se realizan de manera directa y contratando empresas creadas con días de anticipación al inicio de una administración, reveló Emilio Barriga, auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación.
“Hemos encontrado casos donde entra en funciones un funcionario estatal o un funcionario municipal, o una administración estatal y una administración municipal, y contratan empresas que se crearon, literalmente, tenemos casos, con días de anticipación a que entrara en funciones la administración estatal y/o municipal”, expuso.
Tras señalar que ya en mínima cantidad se llevan a cabo licitaciones públicas, puso como ejemplo de irregularidades, la información que cargaron 422 municipios con alrededor de 25 mil contratos por más de 16 mil millones de pesos, detectando datos alarmantes en cuanto al manejo de los recursos públicos.
“Y aquí está ese patrón que decíamos, el 85% de los contratos fueron por adjudicación directa un número muy reducido por invitación restringida y también por licitación pública. Treinta y siete contratos por empresas no localizadas por el SAT, esto ya es un foco amarillo tirándole a foco rojo, un contrato con una empresa facturera; 172 contratos con empresas de reciente creación, este es un patrón que se repite de manera sistemática, tanto a nivel estatal como a nivel municipal”, expresó.
Hallan más de 370 contratos con pagos superiores a lo contratado
Sin señalar entidades o municipios específicos, expuso que también se hallaron 373 contratos con pagos mayores a lo contratado; mil 221 contratos con vigencia de hasta 15 días, u otros casos en los que se “contrata hoy y se está pagando mañana, que a lo mejor no es una irregularidad en sí mismo, pero no deja de ser focos amarillos que nos dan insumos para hacer trabajos de auditoria”.
Expresó que esta información es importante como insumo para que los auditores le pongan lupa a los municipios y estados en los que se detectan estas anomalías en el uso del gasto público
