Leuteria Reyes Benito, una mujer policía en el municipio de Alcozauca, Guerrero, fue brutalmente asesinada de 30 puñaladas propinadas presuntamente por su expareja, también elemento de la corporación, del municipio que se encuentra en la región de La Montaña.
Reyes Benito, de 32 años, se desempeñaba como oficial de Tránsito municipal y era madre de tres hijos en común con Herminio "N", también agente activo de la Policía Municipal, presunto feminicida.
A pesar de que Leuteria había denunciado previamente la violencia física que sufría por parte de Herminio, las autoridades municipales no tomaron las medidas necesarias para protegerla.
Fue a las 18:45 horas del domingo pasado cuando las autoridades municipales fueron informadas de que un hombre estaba agrediendo a su pareja. Al llegar al domicilio corroboraron que una mujer había sido lesionada con arma blanca y la trasladaron hacía la capital del estado, Chilpancingo, para recibir atención médica, pero murió.
Presunto feminicida fue capturado tras operativo
El presunto responsable huyó después de cometer el crimen, pero fue detenido gracias a un operativo implementado por las autoridades estatales y municipales. Herminio "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
El crimen, ocurrido la tarde del domingo 5 de enero, fue condenado por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas.
Colectivos feministas y de derechos humanos condenan los hechos
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), la víctima había solicitado ayuda a la Dirección Municipal de Atención a la Mujer ante las constantes agresiones de su exesposo, pero su petición fue ignorada.
Por su parte, el colectivo Montaña Feminista convocó a una manifestación para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Las manifestantes han denunciado la inacción de las autoridades municipales de Alcozauca, a quienes acusan de intentar encubrir al presunto feminicida.
El Código Penal Federal establece penas de hasta 60 años de prisión para quienes cometan el delito de feminicidio. La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
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