La anulación de la prisión vitalicia por homicidio por razón de odio impactará en 42 casos en el Estado de México, donde se deberán emitir nuevas sentencias, por lo que se perfilan reformas, pronuciaron los Poderes Legislativo y Judicial.
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la resolución por considerar que violaba los derechos a una reinserción social, y dejó sin efectos la fracción V del artículo 242, que aplicaba esta sanción en casos de asesinatos cometidos con extrema crueldad, ensañamiento u odio.
Al respecto, el magistrado presidente interino del Poder Judicial (PJEM), Fernando Díaz Juárez, anunció que acatarán lo determinado por el máximo tribunal, y por ello esperarán lo que notifique al Congreso local.
Recordó que se trató de una reforma del 2019, por lo que estarán revisando los 42 casos y aplicando sentencias con un mínimo y un máximo, mediante los jueces de ejecución.
FOTO: Gerardo García
“Tiene un impacto para omitir esta circunstancia en estos casos que nos convoca y en ese sentido adecuar nuevamente su penalidad acatando la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.
Casos de homicidios por odio podrían enfrentar importantes modificaciones
Y añadió “todos los asuntos, independientemente de la circunstancia o no, tiene que surtir el mismo efecto, si se encuentra en esa hipótesis, se ha declarado inválido esta disposición”. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, anunció que deberán conocer los efectos de la resolución de la SCJN, pero deberán legislar para definir los términos al enfocarse a los homicidios por odio.
Indicó que deberá tenerse claro los nombres y resaltó que no tendrá gran impacto, al ser un número reducido.
“Tendremos que manejarlo y hacer toda una reforma de términos que sean adecuados ya, que sean más conocidos, porque no veo problema”, apuntó.
De acuerdo con los ministros de la SCJN imponer una condena perpetua sin posibilidad de revisión niega, cualquier oportunidad de reintegración a la sociedad, y el caso fue promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México (CNDH).
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