La reforma judicial es cuestionada y atacada por los que se beneficiaban del régimen de abusos, privilegios, impunidad e injusticias múltiples que el Poder Judicial amparó y protegió, aseguró la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Al rendir su segundo informe de labores de 2024 como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Batres Guadarrama señaló que la reforma abrirá pronto una nueva época de la justicia en México en la que el pueblo elegirá a sus juzgadores, quienes se someterán a controles de los que ahora se carece.
Reforma judicial es atacada por quien se benefició de privilegios: Lenia Batres
“En una palabra, el Poder Judicial dejará de ejercer la supremacía judicial a que está sometida nuestra república, para dar paso a la supremacía constitucional que las personas juzgadoras deberemos respetar”, enfatizó.
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Destacó que faltan reformas a leyes secundarias, ya anunciadas, y dirigidas a garantizar mayor eficacia de la investigación penal y el acceso a otras áreas de la justicia, fundamentalmente, de la justicia social.
“Podemos ver ahora, en el horizonte, personas juzgadoras que resguarden los intereses públicos y sociales; que sean confiables y solidarias ante quienes les depositan el sufrimiento de sus conflictos; humildes para asumir su función de servicio, nunca más desde el pedestal construido por la soberbia meritocrática, ciega ante las necesidades sociales; jueces y juezas que actúen con transparencia, honradez y decencia de los recursos públicos; sensibles y siempre conscientes de la realidad social”, indicó
Detalló que de enero a agosto de 2024 ha presentado 216 proyectos de sentencia en sesión pública, de estos, 200 fueron aprobados y 16 rechazados y returnados a otras ponencias.
Uno de los asuntos, explicó, es el amparo en revisión 558/2024 en el que se reconoció que la autonomía de gestión de un organismo descentralizado como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación no implica que los servidores públicos de la administración centralizada no pueden formar parte de sus consejos, comités y secretariados técnicos.
“Cabe señalar que esta resolución recayó a un amparo promovido por la organización privada Aprender Primero, A.C, presidida por Claudio X. González, que impugnaba la participación de la Secretaría de Educación Pública en el órgano de gobierno de este organismo público descentralizado”, dijo.
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