La organización World Justice Project (WJP) presentó el índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, en el cual advirtieron un descenso de 0.42 a 0.41, en una escala de un punto, respecto al año previo, además de un estancamiento generalizado entre las distintas entidades del país.
A pesar de ello, Alejandro González, jefe global de incidencia de WJP, remarcó que en un contexto de retroceso es posible avanzar en materia de Estado de derecho, como lo exhibe la experiencia de donde distintos liderazgos han conseguido marcar diferencias significativas.
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¿Cuáles son los resultados de los estados?
Advirtieron que los puntajes muestran tendencia general al estancamiento, pues ninguna entidad superó los 0.5 puntos; pese a ello lidera Querétaro con 0.49, seguido de Guanajuato y Aguascalientes con 0.47 Los más bajos son Edomex y Morelos, con 0.35 y Quintana Roo con 0.36. En general tres estados disminuyeron su calificación y sólo cinco aumentaron.
Los principales incrementos, señala el informe, están en Orden y Seguridad, debido a la mejora en la percepción de la seguridad, pues 24 estados mejoraron y seis disminuyeron.
En ese sentido, el informe remarca que hay mejoras significativas en distintos estados, principalmente en los siguientes rubros:
Límites al poder gubernamental: Baja California Sur, Guerrero y Querétaro
- Ausencia de corrupción: Querétaro y Sinaloa
- Gobierno abierto: Guerrero, Nuevo León y Tlaxcala
- Derechos fundamentales: Guerrero y Querétaro
- Orden y seguridad: Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas
- Cumplimiento regulatorio: Guanajuato, Morelos y Sonora
- Justicia civil: Chihuahua, Guanajuato y Querétaro
- Justicia penal: Durango, Nayarit y Querétaro
El Índice de Estado de derecho se produce con información generada hasta el cierre de 2023 y consta de más de 600 variables, evaluadas con encuestas a 12 mil 800 personas y más de dos mil especialistas, además de información producida por otras instituciones.
En México se emite desde 2018, por lo que esta es la sexta ocasión en la que se presenta.
Destacan por resultados representantes de administraciones
Durante el conversatorio organizado para la presentación de los resultados, Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro, destacó que a ese estado lo distingue la coordinación entre autoridades de los tres poderes del Estado en beneficio de los habitantes, siempre rigiéndose por la ley.
Destacó que Querétaro ocupa el primer lugar en justicia penal con un trabajo titánico que da resultados. Advirtió que se viven tiempos complejos que obligan a los poderes judiciales a reflexionar cómo deben transformarse ante los embates que se viven, entre lo que propuso una mayor cercanía con la ciudadanía que les dé legitimidad como el único garante de los derechos de la ciudadanía.
Advirtió que hay rezago en la carga de trabajo de estos órganos debido a la falta de personal, pero con el presupuesto aprobado han permitido mejorar su operación.
Gilberto Loya, secretario de Seguridad de Chihuahua, advirtió que hay mucho por hacer en materia de seguridad, pero agradeció que este índice muestre lo que se ha avanzado y hacia donde se puede llegar, como el caso de Chihuahua, que avanzó varios lugares en la materia.
Explicó que para ello fue necesario trazar el modelo de seguridad claro que le permitiera dar un enfoque humano que exhibió que la justicia legal, pero también la justicia humana, permitió encontrar el grado de impunidad existente en el estado y se fortalecieron instituciones que pudieran evitar la impunidad, así como el sistema penitenciario, pues no basta con tener a un delincuente sino que estos valoren el riesgo que implique cometer un delito y sepan que no quedarán impunes en ninguna parte del proceso, que paguen su deuda con la sociedad pero también puedan reinsertarse a la sociedad, pues no se pierde su calidad de ser humano.
María Guadalupe Ramírez Zepeda, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, advirtió que para la reducción de la corrupción advirtió al asumir el cargo que había falta de coordinación entre distintas dependencias gubernamentales, lo cual se tuvo que corregir para lograr avances.
Destacó que organizaciones y dependencias han colaborado para aplicar mejoras y atender a la población, por lo que consideró que tener una directriz desde el gobierno estatal le permitió a la entidad corregir el rumbo.
En Sonora, donde mejoró el cumplimiento regulatorio, Guillermo Alejandro Noriega Esparza, secretario de la Contraloría General del gobierno estatal, destacó la forma en la que se redujo la corrupción en trámites, y explicó que se permitió que los temas de justicia no fueran contaminados por la política y se establecieron controles internos y de no repetición de las conductas.
El funcionario aseguró que se revisaron desde cero los manuales de procedimientos y operación para poder determinar con claridad a los responsables de los actos de corrupción, y posteriormente se dotó de capacidades institucionales, mediante la modificación de la ley, a la Contraloría, lo que le permitió intervenir oportunamente.
Remarcó que una de las mejoras fue la colocación de cámaras corporales en los inspectores del gobierno, las cuales son monitoreadas desde su oficina y permiten evaluar actos de corrupción. Finalmente, consideró que esto exhibe cómo se deben cambiar las reglas de juego para poder actuar, pues de otro modo es como intentar “ganar un Grand Prix con un Tsuru del 92”.
Como representante de la Administración Pública federal participó Alejandro Salafranca Vázquez, jefe de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debido a la mejora en los derechos laborales en 19 entidades del país.
El funcionario remarcó que la reforma laboral impulsada en este sexenio es la más grande en un siglo. Explicó que uno de los pendientes principales era contar con democracia sindical verdadera, pues sólo existían 30 mil verdaderos contratos colectivos, aunque se presumía la existencia de medio millón. Remarcó que otra mejora fue que la justicia laboral pasó del Poder Ejecutivo al Judicial.
Asimismo, destacó que México pasó de ser uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo, el cual se duplicó y se derribaron los mitos de que nadie lo ganaba y de que dispararía la inflación. También destacó en el aumento de las vacaciones y la revisión de las tablas de enfermedades, donde se incluyeron 89 enfermedades que no estaban contempladas.
Finalmente, remarcó que se reformó la inspección del trabajo para que se haga con propósitos más claros y eficientes, con todos los datos sobre las empresas con las que cuenta el Gobierno federal y no sólo aquellas de la Secretaría del Trabajo.
¿Cómo mantener los resultados?
Alejandro González, jefe de incidencia del World Justice Project, cuestionó cuáles son los principales retos para mantener los resultados.
Mariela Ponce Villa consideró que es necesario poner especial atención a los rubros en los que se debe mejorar en la entidad, además de que el Poder Judicial debe mantenerse como un contrapeso ante los excesos que pudieran surgir de parte de la autoridad.
Por su parte, Gilberto Loya llamó a sumar a los gobiernos municipales a reformas policiales para mejorar en los índices, pues consideró que más allá de la coordinación vertical se debe buscar que los municipios sumen al índice, tomando la parte que les corresponde.
María Guadalupe Ramírez Zepeda consideró que los indicadores con los que se mide el desempeño de los funcionarios no son siempre los adecuados; asimismo, urgió una mayor atención a personas vulnerables al buscar la correcta aplicación del Estado de derecho.
Guillermo Noriega consideró que debe existir voluntad desde el Poder Ejecutivo para hacer mover al "elefante reumático" y lograr resultados sin que se vaya "descafeinando" antes de lograr su cumplimiento y que beneficie a los ciudadanos, facilitándoles la vida.
Finalmente, Alejandro Salafranca Vázquez consideró que el reto fundamental es entender que la política pública no es patrimonio del Gobierno, pues sus soluciones también deben venir desde la sociedad.
