Una historia de terror es lo que le ha tocado vivir a la familia Ortiz Quiroz. En septiembre del 2015 desapareció Uriel, un joven que trabajaba en un banco de arena en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Pasaron nueve años y el 30 de abril de este 2024 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le informó a Lorena, su hermana, que el cuerpo siempre estuvo en sus instalaciones.
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En el 2022 Lorena acudió a la toma de ADN de los cuerpos que fueron exhumados del panteón forense de Coyula, en Tonalá, y dos años después, en el mes de abril le notificaron que hubo coincidencias con uno de los cadáveres que había ingresado en octubre del 2015, es decir, un mes después de que ocurrió la desaparición de Uriel.
“Apenas me informaron el 30 de abril de este año que mi hermano ingresó a Semefo (Servicio Médico Forense) el 20 de octubre del 2015, un mes después de que él desapareció y nunca dieron parte a las autoridades”.
En los años de búsqueda, los padres de Lorena fallecieron y no se enteraron de la posible localización de Uriel.
La familia presentó las respectivas denuncias
Por la desconfianza en las instituciones locales, recurrió a la Fiscalía General de la República para que se realicen otras pruebas de ADN a los restos óseos y asegurarse de que el cuerpo que le será entregado sea el de Uriel.
Por este caso, la familia presentó las respectivas denuncias en dependencias federales y estatales, así como una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por la presunta negligencia.
srgc