Entre la pasada Navidad y el 12 de enero, cuatro tiendas de tabaco fueron incendiadas en el estado de Victoria, al sureste de Australia. Un mes después, en febrero, tres smoke shops también fueron quemadas de forma simultánea en la ciudad mexicana de Tijuana.
En todos los casos, las investigaciones policiales apuntaron a que los ataques con fuego estarían relacionados con el mercado negro de vapes o cigarrillos electrónicos, productos prohibidos tanto en Australia como en México, pero cuya base de usuarios no ha dejado de crecer en ambos países.
Como consecuencia de sus rígidas legislaciones anti-vapes, Australia y México comparten muchos paralelismos, en el tanto sus prohibiciones están teniendo altos costos a nivel social y de salud pública, a la vez que no están consiguiendo disminuir las cifras de vapeadores, sino todo lo contrario.
Regulación contraproducente
Australia tiene la particularidad de que los vapes nunca han sido formalmente legales y se han creado decenas de leyes y regulaciones para restringir al máximo su venta. En años recientes, solo podían adquirirse en farmacias y con receta médica, causando que más del 90% de usuarios optara por adquirirlos en el mercado negro.
Desde el 1 de octubre, Australia permite la venta a mayores de edad sin receta médica, pero exclusivamente en farmacias, dejando por fuera a tiendas de tabaco y otros establecimientos, lo que previsiblemente seguirá beneficiando al contrabando y por ende agudizando el crimen organizado que lo mueve.
La cantidad de vapeadores en Australia se triplicó entre 2019 y 2023, coincidiendo con las regulaciones más prohibicionistas. Pasó de un 2,4% de los mayores de 14 años en 2019, a un 7% en 2022, según cifras del Gobierno. El 20% de la población mayor de 14 años ha probado un vape en su vida en ese país.
Todo esto ha llevado a un mercado negro robusto, y por ende una mayor penetración del crimen organizado y de la violencia. Las cuatro tiendas de tabaco incendiadas a inicios del año en Victoria son solo una parte de los más de 40 incendios relacionados con el contrabando de tabaco y vapes que han investigado las autoridades en meses recientes.
Según reportes policiales, ha habido casos en los que se presume que los incendios han sido represalias por la negativa de comercios a vender vapes o productos de tabaco de contrabando, o a pagar los chantajes de los carteles que se dedican al comercio ilícito de estos productos.
TGA, la institución que regula estos productos en Australia, reconoció que no se han cumplido los objetivos de la prohibición de vapes, puesto que los menores de edad y los adultos los están utilizando cada vez más, y que la mayoría acceden a ellos de forma ilegal.
Réplicas en México
Aunque no se han revelado vínculos entre los carteles que se dedican al contrabando de vapes y tabaco en Australia y México, ambos países han visto escenas similares disparadas por la regulación excesiva de estos productos.
Al igual que en Australia, en México se han reportado decenas de casos de violencia relacionada con estos grupos. Desde incendios hasta asesinatos, las investigaciones han apuntado a una presión violenta para que establecimientos vendan estos productos y paguen comisiones periódicas a grupos de crimen organizado que los distribuyen.
Otro paralelismo con Australia es que los mexicanos no han dado la espalda a los cigarrillos electrónicos pese a la prohibición. De hecho, según datos de la más reciente Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, más de 12 millones de mexicanos han probado el vape alguna vez y más de 2,1 millones son usuarios activos (frente a menos de un millón en 2019).
Siendo que estos productos están en su mayoría prohibidos en México, la mayoría de los usuarios acude al mercado negro para adquirirlos, de forma que no tienen controles sanitarios y desde luego no pagan impuestos. Si a ello se le suma el problema del crimen organizado, es una receta a todas luces fallida que muy probablemente se agravará si los vapeadores quedan prohibidos constitucionalmente.
Es en este contexto que México está en proceso de aprobación de una reforma constitucional que prohibiría desde la Carta Magna los vapes en prácticamente todos sus sabores y presentaciones, por iniciativa del anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Los expertos señalan que la nueva normativa no hará más que empoderar más al crimen organizado y poner en peligro no solo la salud pública, sino también la seguridad nacional.
MMV
