En lo que llamó un presupuesto de transición, María Fernanda Casanueva de Diego, secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, expuso que el proyecto de gasto para el 2025, contempla 107 millones de pesos para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, incluyendo los recursos necesarios para la creación de plazas de los magistrados que la presidirán, así como su equipamiento.
También prevé la creación del órgano de Administración Judicial en el que habrán de concurrir las administraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de la operación del Consejo de la Judicatura Federal hasta el momento de su extinción, el primero de septiembre.
Registran reducción de presupuesto del 3.3%
Señaló que dicho presupuesto para el próximo año, registra una reducción de 3.3 por ciento en términos reales, con 75 mil 142.8 millones de pesos, con el cual, se prevé la salida de magistrados y jueces de distrito en todo el país.
“Para ello, la propuesta para el 25 también contiene los recursos necesarios para cubrir las sustituciones de las personas juzgadoras que causen baja, para garantizar la continuidad de las funciones jurisdiccionales y cubrir los derechos laborales y prestaciones de las personas juzgadoras en retiro. Entonces, como ustedes ven consideramos que es un presupuesto inercial que está buscando que la transición sea lo más tersa posible de una administración a otra; que demos continuidad operativa en parte de los órganos jurisdiccionales hasta final del año”, expuso.
Indicó que 8 de cada 10 pesos se va a la parte de servicios personales, con 50 mil 81 trabajadores, de los cuales, el 91% están en órganos jurisdiccionales, mientras que, de estos, el 51% es gente operativa.
Tras señalar que, el Consejo de la Judicatura cuenta con 659 inmuebles y 65 extensiones de escuela federal en 65 ciudades, expuso que el presupuesto considera 281 millones de pesos para la instalación de 20 órganos jurisdiccionales para garantizar cabalmente el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, entre los que están la consolidación del Centro Federal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 2 centros de Justicia Penal Federal; 6 tribunales laborales; 3 colegiados; 4 colegiados de apelación y 5 juzgados de distrito, que son parte del crecimiento que exige la demanda-
“En cuanto a los órganos jurisdiccionales la misma dinámica que tenemos en el Consejo de la Judicatura, donde se atienden 1.6 millones de asuntos al año, la misma dinámica hace que tengamos que seguir creciendo o que vayamos reacomodando todos los órganos jurisdiccionales de acuerdo a las necesidades que apremian cada año y en cada momento”, expresó.
Solicitan más de 5 millones de pesos para 2025
En tanto, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el presupuesto que se solicita es de 5 mil 992.9 millones de pesos que solicita para el 2025, prevé los cambios de la Reforma Judicial, aunque registra una disminución de 1.4% en términos reales, respecto a lo que se autorizó para el presente año.
Al acudir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que ya se toman en cuenta para el gasto del próximo año, la reducción de los salarios de los ministros y 330 funcionarios del alto tribunal constitucional.
“Principalmente hay un impacto a la baja en las remuneraciones de ministras y ministros, y no solamente de ellos, sino de más de 300 personas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendremos un ajuste en las remuneraciones a partir de enero del 2025, con lo que estaríamos dando cumplimiento a lo establecido en los artículos Cuarto y 127 de la Constitución”, comentó.
Expuso que para servicios personales, se incluyen los recursos, necesarios para garantizar los derechos laborales de la totalidad de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte, incluyendo las prestaciones que se encuentran contenidas en las condiciones generales de trabajo, y de igual forma al décimo transitorio del decreto de reforma, incluye la previsión de recursos necesarios, para absorber las obligaciones que originariamente se atendían con los recursos de los tres fideicomisos con los que cuentan y que están asociados a derechos laborales.
Según la exposición el gasto operativo programado es de mil 70 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la continuidad operativa del alto tribunal, el pago fundamental de servicios básicos, servicios informáticos, de limpieza y algunos otros para mantener el funcionamiento de 42 inmuebles, 6 en la Ciudad de México y 36 casas de la cultura jurídica distribuidos a lo largo del país.
Con información de Víctor Ortega.
Sigue leyendo:
PAN propone cambios al Presupuesto de Egresos 2025 equivalentes a 416 mil millones de pesos
DRV