La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación presentada por juzgadores, el director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico en contra del inicio del proceso para la elección de jueces, ministros y magistrados.
En un acuerdo público, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, señaló que el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, Sergio Rodrigo Navarro, realizó una serie de manifestaciones encaminadas a desvirtuar el acuerdo plenario emitido por la Sala Superior.
El tribunal planteó que el recurso de reconsideración es procedente cuando la sentencia de fondo de alguna Sala Regional determina la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal.
En este caso, la Sala Superior determinó que no daba lugar a dar trámite al escrito de Navarro porque se trataba de una autoridad y el sistema de medios de impugnación en materia electoral estaba previsto para la ciudadanía y no para las autoridades.
“Este órgano jurisdiccional considera que no resulta procedente dar trámite o realizar alguna otra actuación al escrito de la parte promovente, toda vez que pretende impugnar una determinación emitida por este órgano jurisdiccional la cuales tienen el carácter de definitivas e inatacables”, precisa el documento.
Querían frenar inicio de elección de jueces
La impugnación buscaba frenar los acuerdos del Instituto Nacional Electoral para iniciar el proceso electoral de juzgadores. La magistrada Soto Fregoso indicó que las sentencias dictadas por la Sala Superior no son susceptibles de ser impugnadas mediante juicio, recurso o impugnación al no existir la posibilidad jurídica ni material para que esta autoridad jurisdiccional pueda confirmar, modificar o revocar sus propias resoluciones.
Y es que desde el pasado 12 de octubre la Sala Superior emitió un acuerdo mediante el cual determinó no dar trámite a los escritos de demanda promovidos por personas juzgadoras, funcionarias, por el director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal y una asociación civil.
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