El curso “Modelo Integral para la Sanción de las Violencias contra las Mujeres” fue inaugurado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, el cual es un parteaguas de la política para la sanción de la violencia contra el género femenino.
La funcionaria detalló que la violencia contra las mujeres no es normal, es un delito y para erradicarla es necesario terminar con la impunidad.
Asimismo, a través de este curso el Gobierno federal contribuye a profesionalizar a las personas servidoras públicas del país, que tienen la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia, para que prevalezca el respeto a la dignidad y libertad durante todo el proceso de procuración e impartición de justicia y sanción a los agresores.
En la apertura estuvo la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, entre otros.
Lo que se busca es garantizar el acceso efectivo a la reparación integral que comprenda la indemnización, la rehabilitación y satisfacción, y no repetición en favor de las víctimas directas e indirectas de estos delitos.
Los Componentes del Modelo Integral para la Sanción de las Violencias Contra las Mujeres; así como Directrices de la Actuación de las Personas Servidoras Públicas con Funciones Sancionadoras; el Régimen Jurídico en Materia de Sanción de las Violencias contra las Mujeres; Medidas de Reparación Integral del Daño a las Víctimas; además de medidas reeducativas para eliminar rasgos violentos, fueron los temas abordados.
En las actividades participaron integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; de los poderes judiciales en las entidades federativas; así como de fiscalías y procuradurías de justicia estatales, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y de las comisiones locales en las 32 entidades federativas, en los centros de justicia para las mujeres.
dhfm
