Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), compareció este jueves por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, y el juez le impuso como medida cautelar no salir del país y su presentación periódica.
Fue citado para que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La audiencia inició a las 9:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez y la defensa de Molina Díaz solicitó tiempo al impartidor de justicia para revisar la carpeta de investigación.
El juzgador suspendió la audiencia, que continuará este viernes a las 10:00 horas.
La Fiscalía no pudo formular imputación a Molina Díaz, pero solicitó prisión preventiva justificada bajo el argumento de que existe riesgo de fuga, además que pidió la suspensión de su cargo.
El juez rechazó la petición y para asegurar su presencia este viernes en el centro de justicia, sólo impuso al funcionario como medida cautelar, la entrega de su pasaporte para no salir de México y que se presente mensualmente a firmar. Este viernes también comparece el titular del INM, Francisco Garduño, por el mismo delito.
Ayer, un juez federal vinculó a proceso a dos servidores públicos del Instituto por su presunta responsabilidad en estos hechos. Se trata de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales y Juan Carlos Meza, coordinador del Grupo Beta, quienes enfrentan proceso por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.
Cecilia Rivera Tena, agente de migración B, quedó en libertad luego de que el impartidor de justicia decidió no vincularla a proceso.
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