El Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que la recaudación proveniente del pago de derechos de turismo se destine en un 20 por ciento para el Instituto Nacional de Migración (INM) y el restante 80 por ciento a la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura.
Así lo señala en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo, publicada en la Gaceta parlamentaria.
El artículo 18-A quedaría de la siguiente manera, en la propuesta del ejecutivo federal que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. “Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios en materia migratoria proporciona”.
“Y el 80% restante se destinará, en los términos señalados en el párrafo siguiente, para la planeación, estudio, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole, así como los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos y de la infraestructura a cargo de dicha entidad”.
La iniciativa propone, entre otras cosas, que los ingresos que se obtengan por el cobro de derechos se destine al patrimonio del fideicomiso público federal sin estructura que constituya dicha entidad paraestatal en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el documento, la administración federal argumenta que el Gobierno de México tiene el compromiso de establecer políticas públicas y ejecutar proyectos de infraestructura que sean acordes al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional bajo los principios de solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, todo ello para consolidar el bienestar del pueblo de México.
Con información de Elia Castillo.
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