La iniciativa de reforma constitucional para rotar a jueces y magistrados cada cinco años, frustra las aspiraciones de mujeres en el Poder Judicial de la Federación (PJF), es una amenaza al plan de vida de los impartidores de justicia e implica altos costos económicos para el Consejo de la Judicatura Federal.
Así lo aseguró en entrevista con El Heraldo de México el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Froylán Muñoz Alvarado, quien dijo que también se vulnera la independencia judicial y la división de poderes.
La propuesta indica que jueces y magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo y si son ratificados o promovidos a cargos superiores, deben someterse a un sistema quinquenal de rotación de un circuito diverso.
Muñoz Alvarado advirtió que los juzgadores no podrán establecerse con su familia en una entidad ante el riesgo de que sean cambiados de circuito.
Esa readscripción, criticó, se plantea a pesar de que a jueces y magistrados les ha llevado años especializarse en los asuntos y en las necesidades jurídicas de la región en la que imparten justicia.
Dijo que esta iniciativa contraviene la paridad de género en el PJF porque las mujeres no participarán en los concursos para ser juezas o magistradas por el temor de que sean readscritas y se vean obligadas a estar lejos de su familia.
“Ayer habló una magistrada de Tabasco que, como van a cerrar los tribunales unitarios para hacerlos colegiados de apelación y le están dando como opción en unos meses mandarla a Cintalapa, Chiapas, pero ella dice ‘estoy enferma, me estoy recuperando, yo ya tengo aquí en Tabasco varios años y estoy a cargo de mis papás que están viejitos, éste es un caso sin esta reforma, pero se vive”, indicó.
Además, aseguró, los gastos por los cambios de entidad, como la mudanza, entre otros rubros, corren por cuenta del Consejo, por lo que, si se aprueba la iniciativa de reforma al artículo 97 de la Constitución, se generan altos costos para el órgano judicial.
Al ser cuestionado si la propuesta tiene el objetivo de controlar a los juzgadores, el magistrado señaló que lo ven como una agresión, pero prefiere pensar que son iniciativas de buena fe que se deben depurar.
“La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios de que esta situación de readscribir a los jueces, en la Corte le llaman trasladarlos, no debe utilizarse en forma discrecional o como una forma de presión para los juzgadores”, destacó.
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