El pasado 19 de agosto, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presumió una baja del 12.8% en los homicidios y de 51.7% en los feminicidios al presentar su informe mensual de seguridad. No obstante, verificando a las fuentes oficiales, como diría el Presidente, yo tengo otros datos.
Desde hace mucho tiempo, México ha estado más preocupado por actualizar sus leyes por presiones internacionales que en legislar para realmente mejorar la realidad nacional. Esta constante nos ha envuelto en procesos de actualización legislativa que muchas veces no han abordado los problemas de raíz, sólo han hecho reformas a modo de cumplir con los criterios y tendencias internacionales.
Por ello, desde La Revolución Mexicana hasta las épocas recientes del Derecho Electoral Mexicano, la evolución en los Derechos de la Mujer y la búsqueda por una representación y una integración en el poder legislativo no ha sido del todo claro. Pareciese que esta evolución legislativa va más encaminada a cumplir con objetivos políticos en lugar de transformar y corregir una histórica desigualdad de género.
El conocer una y otra vez de este tipo de maniobras políticas, por unos cuantos que recurren al “cambio” por interés propio, me hace preguntarme hacia dónde van las nuevas adecuaciones de Ley respecto a la perspectiva de género. ¿En verdad los intereses que se dicen representar son atendidos? o,¿sólo se encauza una voz hasta que es necesario para las urnas?
En el papel, estas adecuaciones al tipo penal con perspectiva de género pretenden fijar una postura del Estado, pero tal vez tenga más objetivos que el de representar a las mujeres. Lamentablemente, también puede interpretarse como una nueva forma para esconder bajo la alfombra cifras de feminicidios, que son reflejo de una violencia sistemática y en crecimiento hacia las mujeres en nuestro país.
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Reclasificar los delitos de feminicidio no es sinónimo de la baja de delitos
Esto se puede ejemplificar en el apartado III de los “Lineamientos para la investigación y registro del delito de feminicidio”. En éste, se condiciona su registro estadístico como “feminicidio” bajo alguno de los siete supuestos del delito, que van desde signos de violencia sexual hasta que el cuerpo sea exhibido públicamente.
En muchos casos, la carpeta de investigación por formalidades puede integrarse con un tipo penal determinado y éste puede cambiar de acuerdo con el criterio de quienes investigan en cualquier momento. Es decir, un feminicidio puede no ser determinado como tal durante todo un año por cuestiones estadísticas y políticas, y justo al cierre de la investigación, cambiar drásticamente y ser clasificado como tal para el siguiente año. De ahí, los otros datos.
La estadística en los últimos años lo único que nos indica es que el adoptar un nuevo tipo penal con perspectiva de género no ha resuelto nada. No basta con sólo cambiar la ley y esperar transformar una realidad histórica. Por el contrario, la cantidad de delitos que se adecuan al feminicidio ha aumentado desde 2015 con 412 crímenes hasta un violento 2021, con 978 casos.
No obstante, hace unos días, la titular de la SSPC presumió una baja de más de la mitad de los feminicidios al presentar su informe mensual.
Pero, en realidad, esta estadística está desplazando cifras de un momento a otro. Históricamente, a finales de año, específicamente en los meses de diciembre, aumenta considerablemente los delitos de feminicidio; por ello, anunciar una baja a mitad del año, es en realidad incierto y apresurado.
En lo que va del año, tenemos 479 casos contabilizados, por lo que nos lleva a concluir que en realidad será uno de los años más violentos para las mujeres. Contrario a lo que diga Rosa Icela, el feminicidio en México va al alza.
Por: Gilberto Cayetano Reyes Arroyo, abogado especialista en derecho penal y civil. Contacto gicare2015@outlook.com