La Fiscalía General de la República (FGR) investiga como delincuencia organizada las irregularidades por nueve mil 518 millones de pesos detectadas en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, instituciones adscritas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Lo anterior fue informado ayer por el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, durante la mañanera en Palacio Nacional. Explicó que la investigación se basa en 38 denuncias presentadas por su dependencia, la misma FGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Están en etapa de investigación, con miras a su judicialización. Principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando la bajo la óptica de delincuencia organizada”, dijo Salcedo.
En Segalmex se detectaron irregularidades desde el primer año en que fue creado, en 2019. Salcedo Aquino explicó que desde esa fecha, y hasta el cierre del 2021 practicaron 84 actos de fiscalización que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por seis mil 52 millones de pesos.
A lo anterior se suman irregularidades por tres mil 465 millones de pesos en Segalmex, Liconsa y Diconsa, señaladas en 22 pliegos de observaciones en la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Es importante aclarar que, cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones, y por eso se encuentran todos estos montos, se encuentran en proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación”, apuntó.
En el ámbito administrativo, la SFP tiene abiertos 618 expedientes contra funcionarios, de los cuales 38 están vinculados con las denuncias ya presentadas.
“Se han cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra. Se ha renovado toda la estructura de mando”, explicó.
Al momento, sólo el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, ha sido vinculado a proceso por “invertir” 950 millones de pesos de recursos de la institución en fondos públicos en la Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI).
“Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”, señaló Salcedo.
Sobre el tema, el presidente López Obrador deslindó de responsabilidades a los superiores de la dependencia porque, aseguró, “el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie”, explicó el mandatario.
PAL