Buscando establecer por Ley que absolutamente ninguna persona que haya cometido algún acto de agresión o violencia contra la mujer llegue a ser candidato y tampoco a ocupar algún cargo público en Sonora, varias colectivas feministas se unieron para impulsar la Ley “3 de 3 contra la violencia hacia la mujer”.
Leticia Burgos, del Observatorio ciudadana Todas-Mx Sonora, precisó que se busca impedir que quienes sean deudores de pensiones alimenticias, tengan una acusación abierta por acoso o violencia sexual o tengan una denuncia por violencia de género o familiar, tanto en el ámbito público como privado, puedan tener un puesto de poder.
Con esta iniciativa, dijo, se logra ciudadanizar y dignificar la política en Sonora y hace efectiva la democracia en el sector público y privado, logrando que no llegue ningún agresor a cargos públicos, porque simplemente no representan a toda la ciudadanía.
Aclaró que la propuesta será 100 por ciento ciudadana, por eso el proceso será en tres etapas: en julio primero la presentación y difusión de la propuesta, segundo en agosto la recolección de firmas de apoyo y, por último, en septiembre, la presentación y que sea aprobada en el Congreso de Sonora.
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Explicó que requieren el equivalente al uno por ciento del padrón electoral de apoyo social, que son alrededor de 22 mil firmas, y para esto recorrerán calles, plazas, universidades y todos los espacios públicos a través de comités violetas municipales, que desde ya están integrando.
Establecer criterios
Por su parte, la doctora Amelia Iruretagoyena Quiroz, también integrante de Todas-MX, aclaró que la intención es establecer criterios claros de elegibilidad de todo servidor público, desde el gobernador, sus secretarios y directores, hasta todos los miembros del poder legislativo, los órganos autónomos, y jueces, ministerios públicos y demás cargos del Poder Judicial.
Recordó que en el proceso judicial del 2020-2021 se aplicaron lineamientos por las autoridades electorales locales, donde se acordó que no se registraron candidatos que hayan incurrido en estos supuestos, pero conforme al criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) se debía tener sentencia firme para evitarlo, por eso no fue una aplicación plena de estos criterios, pues de siete denuncias solo una procedió.
Por eso, con esta nueva legislatura se buscan que no sea necesaria la sentencia y con la denuncia y el proceso judicial abierto sea necesario para negarle al agresor el ocupar un cargo público en Sonora, justo como se aprobó en Yucatán y por eso lucharán para impulsar esta iniciativa y lograr el apoyo general y así sea una realidad.
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