Las fortalezas de los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), aceleraron el paso hacia la justicia digital, el incremento de servicios y trámites electrónicos, y, con ello, el ahorro de insumos tras afrontar la pandemia de Covid-19, aseguró su presidente, Rafael Guerra Álvarez.
Desde Sao Paulo, Brasil, en la 69º Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, Guerra Álvarez apuntó que los objetivos se lograron no obstante las debilidades que enfrentan los tribunales superiores de justicia locales.
Ante magistrados de 17 naciones latinoamericanas, apuntó que algunas de estas debilidades son la falta de presupuesto, carencia de estructura tecnológica ideal para realizar las funciones a distancia, el cambio generacional que conlleva el desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas y las resistencias al cambio.
Con la representación de 32 órganos judiciales a cargo de la justicia de primera instancia de México, enfatizó que los integrantes de la Conatrib se alzaron en una sola voz para establecer estrategias de coordinación, implementación, cooperación y homologación de criterios para que el sistema de justicia, que nunca descansa, no se detuviera.
Resumió que los integrantes de la Conatrib, se acondicionaron a los tiempos adversos de la pandemia con una unión y empatía en los dos últimos años nunca antes vistas.
“Pero tampoco nunca antes nuestro sistema de justicia, sin contar con las problemáticas cotidianas de recursos, de implementación de reformas, de actualización, de capacitación, etcétera, había entrado en crisis, y, sin embargo, nos acondicionamos a estos tiempos tan adversos”, precisó.
En ese escenario, continuó Guerra Álvarez, en el que se pudo observar la disparidad económica entre los tribunales de justicia locales, ya que muchos no contaban con una estructura organizacional robusta, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo.
Recordó que durante la emergencia sanitaria, todos se unieron, con el ánimo de compartir experiencias y medios con reuniones extraordinarias por videoconferencia, a fin de que cada poder judicial, de acuerdo a su independencia, pudiera replicar las buenas prácticas en la adopción de medidas sanitarias en áreas administrativas y de apoyo judicial, pero fortaleciendo en todo momento las áreas jurisdiccionales.
Ante sus pares, expuso que eso es lo que se debe rescatar de este periodo, en el que “sufrimos tiempos difíciles”, al recordar que se aprendió a estar en expectativa en los hogares y con las familias, pero también a permanecer al frente aquellos que encabezan los tribunales, aún por encima de la salud, el miedo, el aislamiento y el deceso de familiares y compañeros de trabajo, a fin de planear acciones con las que se garantizó el derecho a la justicia.
El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México subrayó que la Conatrib ahora cuenta con un diagnóstico con el que se ubicaron fortalezas, debilidades y amenazas, para hacer frente a futuros eventos como la pandemia, y que los tribunales locales estén mejor preparados para enfrentar problemáticas.
Como fortalezas, señaló que se cuenta con personal responsable y comprometido, capaz de adaptarse a las nuevas formas de trabajo utilizando las herramientas tecnológicas; capacidad para laborar en home office y con horarios presenciales fraccionados, así como liderazgos en los tribunales para la toma adecuada de decisiones alineadas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los poderes ejecutivos locales.
Como amenazas mencionó el incremento del número de asuntos que ingresan a los tribunales; falta de presupuesto para capacitación, modernización e implementación de reformas; desconocimiento de la sociedad de las plataformas con las que laboran los poderes judiciales; limitados recursos humanos para hacer frente a una nueva situación como la que generó el Covid-19, y falta de capacitación a justiciables que derive en la vulneración de acceso a la justicia.
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