A través de redes sociales se ha compartido información sobre la violencia ejercida contra mujeres víctimas de violencia en el Estado de México, específicamente en el municipio de Chimalhuacán, donde Irene una activista y madre de una menor de edad abusada sexualmente en 2019, fue secuestrada por la policía local.
Los hechos ocurrieron el primero de abril y además de la privación de la libertad, Irene fue víctima de tortura, por los golpes por los que fue objeto perdió dos de sus piezas dentales, el argumento que se dio por parte de las autoridades fue que la moto en la que viajaba la activista tenía reporte de robo, sin embargo, Irene comprobó que se trataba de una falsa y demostró la propiedad del vehículo.
Desde que Irene se convirtió en activista para exigir justicia por su hija cuyos abusadores son policías, no ha dejado de recibir amenazas y ser objeto de vejaciones en la calle. Luego de los hechos la víctima fue puso su denuncia ante la Fiscalía de Chimalhuacán, tres de los elementos que la secuestraron fueron identificados y detenidos, sin embargo, aún faltan dos, un hombre y una mujer.
Con el objetivo de pedir la aprehensión de los funcionarios restantes, algunas feministas se congregaron para acompañar a la señora Irene, de acuerdo con el testimonio al que tuvo acceso El Heraldo de México, fueron alrededor de 17 mujeres las que acompañaron, entre ellas algunas madres de víctimas de feminicidio, ellas decidieron armar un plantón para exigir las detenciones y ejercer presión para que los elementos detenidos no fueran liberados, se entabló diálogo con la fiscal, no obstante no se alcanzó el acuerdo.
En la madrugada del domingo 3 de abril, testigos cuentan que comenzaron a llegar cuerpos policiales con armas largas, algunos de ellos vestidos de civil, así como elementos de la Guardia Nacional.
“Los uniformados estaban apuntándonos y los que nos golpearon fueron los que venían de civil, venían con tubos y palos… eran alrededor de 300 elementos, entre los uniformados, nos golpearon y algunas estamos fracturadas”, relata una testigo.
A raíz de ello comenzaron la información se difundió a través de redes sociales, para visibilizar las violaciones de las que fueron objeto las víctimas por parte de las autoridades locales.
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